Francina Armengol, presidenta del Congreso y ex presidenta de Baleares, se enfrentó ayer a un intenso interrogatorio en el Senado en relación a su presunta implicación en la trama de corrupción que salpica a figuras como Ábalos y Koldo. La sesión, marcada por la tensión y las acusaciones cruzadas, dejó momentos de alta tensión, especialmente durante el rifirrafe con el senador de Vox, Ángel Gordillo, quien llegó a pedir abiertamente su dimisión.
En el centro de la polémica se encuentra la relación de Armengol con el comisionista Víctor de Aldama. La presidenta del Congreso, inicialmente, negó rotundamente cualquier encuentro o conocimiento previo del empresario. Sin embargo, ante la presión, admitió haber coincidido con él en una ocasión, cuando acompañaba al CEO de Air Europa, Pepe Hidalgo, en una reunión. «No mentí, ni he mentido ni he ocultado información», insistió Armengol, argumentando que le resulta «imposible recordar» con cuántas personas contacta en su día a día. Esta justificación, lejos de calmar los ánimos, encendió aún más el debate, generando dudas sobre la veracidad de sus declaraciones.
La sombra de la UCO también planea sobre Armengol. A pesar de las informaciones que apuntan a un inminente informe que la involucraría en la trama, la presidenta del Congreso se mostró desafiante: «No tengo nada que temer». Negó categóricamente conocer o haber contactado con José Ruz, propietario de Levantina Ingeniería y Construcción, empresa investigada por el presunto pago de mordidas. Armengol defendió la gestión de su gobierno durante la pandemia, reivindicando su labor para «salvar vidas y recuperar la economía» en Baleares, afirmando tener «la conciencia hipertranquila porque no he robado ni nadie de mi Gobierno lo ha hecho».
Las acusaciones contra Armengol no se limitan a su relación con Aldama y la trama Koldo. La presidenta del Congreso también tuvo que responder a las informaciones que aseguran que su gobierno adjudicó a Levantina Ingeniería y Construcción un contrato millonario para la construcción de una residencia de mayores en el complejo Son Dureta, un proyecto que, según las denuncias, quedó inacabado. Armengol negó haber dado «una orden ni he insinuado a ningún miembro de mi Gobierno que se hiciera ninguna contratación», calificando estas acusaciones como «fango y mentira».
Otro de los puntos calientes del interrogatorio fueron los mensajes intercambiados entre Koldo García y la propia Armengol, en los que el ex asesor de Ábalos se dirigía a ella llamándola «cariño». La presidenta del Congreso minimizó la importancia de estos mensajes, asegurando «no ser responsable de cómo habla o escribe una persona». Se autodefinió como «una persona cariñosa» que incluso utiliza emoticonos de besos en sus mensajes a los diputados.
Finalmente, Armengol explicó que el proyecto Megalab, en el que mediaba Koldo García, «no se contrató jamás» debido a su elevado coste, nueve millones de euros al mes. La comparecencia de Armengol en el Senado, lejos de disipar las dudas, ha intensificado la controversia en torno a su figura, dejando en el aire interrogantes que, previsiblemente, seguirán resonando en los próximos meses.
El ejercicio de defensa de Francina Armengol ante el Senado, lejos de clarificar su posición, ha sembrado una profunda decepción. La estrategia de la amnesia selectiva, escudándose en la imposibilidad de recordar encuentros y conversaciones, resulta no solo poco convincente sino, además, insultante para la inteligencia colectiva. En un contexto de creciente desconfianza hacia la clase política, este tipo de justificaciones no hacen sino alimentar el escepticismo y minar la credibilidad de las instituciones. La responsabilidad política implica rendir cuentas claras y transparentes, y el «no recuerdo» no puede ser un escudo ante las preguntas legítimas de la ciudadanía sobre posibles irregularidades.
Más allá de la credibilidad personal de Armengol, la comparecencia ha puesto de manifiesto una necesidad urgente de reformar los mecanismos de control y transparencia en la administración pública. La mera existencia de una trama como la que salpica al Congreso y al Gobierno balear evidencia un sistema vulnerable a la corrupción. No basta con negar las acusaciones; se requiere una revisión profunda de los procedimientos de contratación, un fortalecimiento de los órganos de fiscalización y, sobre todo, un compromiso real con la ética y la integridad en el ejercicio del poder. La ciudadanía malagueña, como parte de la sociedad española, merece instituciones ejemplares y líderes que actúen con la máxima honestidad, no excusas vagas y respuestas evasivas.
El Diario de Málaga es el periódico digital dónde podrás seguir toda la actualidad malagueña al minuto.
Compartir en...
Completa el formulario o escríbenos a [email protected] y nos pondremos en contacto contigo tan pronto como sea posible.
