La controvertida ley de amnistía, impulsada por el gobierno de Pedro Sánchez para facilitar su investidura, ha encontrado un nuevo obstáculo en su camino: la Comisión Europea. El organismo ha presentado alegaciones ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), poniendo en tela de juicio la validez de la ley y abriendo un nuevo frente de batalla legal y político. La postura de Bruselas, revelada hoy, se basa en un informe de 36 páginas donde se expresa un fuerte escepticismo sobre el objetivo de interés general que persigue la amnistía, argumentando que podría tratarse de una forma de autoamnistía encubierta.
La Comisión Europea plantea serias dudas sobre la justificación de la amnistía, señalando que los votos de los beneficiarios fueron cruciales para su aprobación, convirtiéndola en una pieza clave de un acuerdo político para mantener a Sánchez en el poder. Este argumento resuena con las críticas vertidas por la oposición, que desde el principio han denunciado el pacto como un intercambio de favores que socava el estado de derecho. Además, Bruselas critica la tramitación de urgencia de la ley, que evitó importantes informes de órganos consultivos y la participación pública, ignorando las recomendaciones de la Comisión de Venecia de buscar un diálogo más amplio y constructivo.
El informe de la Comisión Europea respalda en gran medida la cuestión prejudicial planteada por el Tribunal de Cuentas, que cuestiona la claridad de la ley en relación con los delitos de malversación. Bruselas advierte sobre la posibilidad de que la ambigüedad del texto permita exonerar a personas que no deberían ser contempladas, especialmente en casos que afecten a los intereses financieros de la Unión Europea. Esta postura supone un revés para el Gobierno, que ha defendido la legalidad y constitucionalidad de la amnistía, y abre la puerta a un posible choque entre la legislación española y el derecho comunitario.
La decisión final recae ahora en el Tribunal de Justicia de la UE, que deberá analizar las alegaciones de la Comisión Europea y del Tribunal de Cuentas antes de emitir una sentencia. Aunque Bruselas deja en manos de los tribunales españoles la valoración sobre si el intento de secesión afectó a los intereses financieros de la UE, su postura crítica con la ley de amnistía en sí misma supone un duro golpe para el gobierno de Sánchez. La resolución del TJUE, esperada para después del verano, marcará un antes y un después en el debate sobre la amnistía y su encaje en el marco legal europeo, con implicaciones que podrían trascender las fronteras españolas y sentar un precedente para futuras leyes de este tipo en la Unión Europea. El futuro de la amnistía pende ahora de un hilo, en manos de la justicia europea.
La intervención de la Comisión Europea en el debate sobre la amnistía catalana no es solo un revés para el gobierno de Sánchez, sino un espejo que refleja las profundas fracturas que este asunto ha provocado en el seno de la sociedad española y, ahora, también a nivel europeo. Más allá de la justificación legal o constitucional, lo que subyace es una **profunda desconfianza hacia la motivación última de la ley**, percibida por muchos, y ahora también por Bruselas, como un pago político para asegurar la investidura del presidente. Que la Comisión cuestione la búsqueda de un interés general en una medida tan controvertida, y que además señale la tramitación de urgencia como un intento de evitar el escrutinio público, abre un peligroso precedente sobre la calidad democrática de nuestras instituciones y la independencia del poder legislativo.
El escenario que se abre ahora, con la resolución en manos del TJUE, es incierto y potencialmente explosivo. Aunque el gobierno trate de minimizar el impacto, la **sombra de la duda sobre la legalidad europea de la amnistía planea sobre la estabilidad política de España**. No se trata únicamente de la exoneración de los líderes independentistas, sino de la percepción de que el Estado de Derecho se ha visto comprometido por intereses partidistas. Quizá sea el momento de reflexionar sobre si la búsqueda de soluciones políticas a problemas complejos justifica saltarse los procedimientos habituales y generar una división tan profunda en la sociedad. La justicia, tanto española como europea, tiene ahora la difícil tarea de devolver la confianza en el sistema, aunque el daño, en términos de cohesión social, pueda ser ya irreparable.
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