El eurodiputado Luis Pérez Fernández, más conocido como Alvise, ha comparecido hoy en el Tribunal Supremo para declarar sobre la difusión de una PCR falsa atribuida a Salvador Illa, entonces Ministro de Sanidad y figura clave en la gestión de la pandemia. La comparecencia, que se ha producido de forma voluntaria, ha girado en torno a la acusación de falsedad e injurias, delitos por los que se le investiga tras la denuncia interpuesta a raíz de la publicación del documento en febrero de 2021.
A su salida del Alto Tribunal, Alvise ha insistido en que el documento ya circulaba masivamente por redes sociales cuando él lo compartió, desvinculándose de su creación original. «Lo que le he contestado al juez es que era un documento que ya estaba circulando masivamente por todas las redes sociales», afirmó ante los medios, añadiendo que había dado «las oportunas explicaciones de que no había ningún elemento de mala fe o de injurias hacia el señor Illa». Esta declaración busca desarmar la acusación principal, centrando la defensa en la preexistencia del documento y la falta de intención dañina en su difusión.
La estrategia de Alvise se apoya en dos pilares fundamentales: la viralidad previa del documento y la ausencia de intención injuriosa. Según su versión, él simplemente se limitó a replicar una información que ya estaba en el dominio público, sin ser consciente de su falsedad. Sin embargo, la Fiscalía discrepa de esta versión, atribuyéndole la creación del documento y, por ende, el delito de falsedad documental, una acusación que agrava su situación legal.
Más allá del caso concreto de la PCR de Illa, Alvise ha aprovechado la ocasión para denunciar lo que considera una persecución política orquestada por el PSOE. «Me están interrogando por algo de hace casi media década y el PSOE se está personando en todas las causas que se me han abierto», lamentó. El eurodiputado, que actualmente goza de aforamiento ante el Supremo, tiene abiertas otras dos causas en el Alto Tribunal: una por sus declaraciones sobre una juez de menores de Valencia y otra por supuesta financiación ilegal de su plataforma política a través de una sociedad de criptomonedas. Esta situación, según Alvise, pone de manifiesto una estrategia de acoso judicial destinada a perjudicar su imagen pública y su carrera política.
La defensa de Alvise, basada en la viralización previa del bulo y su supuesta «buena fe», es un ejercicio de cinismo que, lamentablemente, encuentra eco en una sociedad cada vez más dispuesta a consumir y propagar desinformación sin el menor atisbo de verificación. Es profundamente preocupante que la simple alegación de haber actuado como mero replicador pueda eximir de responsabilidad a quien, con su altavoz mediático, contribuye a amplificar falsedades que socavan la confianza en las instituciones y la salud pública. La cuestión no es si el documento ya circulaba, sino el daño causado al darle una nueva dimensión y, sobre todo, la patente irresponsabilidad de no contrastar una información tan sensible en un momento crítico como el de la pandemia.
La denuncia de Alvise sobre una supuesta persecución política no hace sino desviar la atención de lo fundamental: su presunta implicación en la difusión de un bulo dañino y la opacidad que rodea la financiación de su proyecto político. Más allá de las filias o fobias partidistas, la justicia debe actuar con independencia y transparencia, investigando a fondo tanto las acusaciones contra Alvise como sus propias denuncias. El aforamiento ante el Supremo, lejos de ser un escudo protector, debería servir para garantizar la máxima pulcritud en la investigación, evitando cualquier sombra de duda sobre la imparcialidad del proceso. En este caso, la lentitud que denuncia el eurodiputado es, paradójicamente, una aliada de la verdad, pues permite un análisis más exhaustivo de las pruebas y una mayor garantía de que se haga justicia, sea cual sea el resultado final.
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