La devastadora DANA que ha azotado recientemente varias regiones de España ha llevado a UGT y CCOO a solicitar de manera inmediata la aprobación de un Real Decreto Ley que contemple la implementación de ERTES por fuerza mayor, medidas que faciliten el teletrabajo y mecanismos para evitar la extinción de contratos temporales. En un comunicado lleno de preocupación, los sindicatos han puesto de manifiesto que las consecuencias de las inundaciones han afectado de manera catastrófica la vida laboral de miles de trabajadores, poniendo en riesgo su estabilidad económica y emocional.
Ambos sindicatos subrayan que la situación ha alcanzado niveles alarmantes, donde las repercusiones laborales se están multiplicando y requieren una intervención urgente. Al recalcar la vital importancia de reactivar el llamado «escudo social», UGT y CCOO destacan que dicha estrategia fue fundamental durante la crisis sanitaria provocada por la pandemia y ahora se convierte en un elemento indispensable para enfrentar esta nueva crisis. Esta respuesta es esencial para proteger el empleo en un contexto donde las empresas, azotadas por la DANA, necesitan apoyo inminente para sobrevivir.
Los sindicatos han hecho un llamado a las autoridades para que se disponga de protección extraordinaria hacia aquellos trabajadores y autónomos que, incapaces de retomar sus actividades laborales, se ven sumidos en una incertidumbre financiera aterradora. En este sentido, se enfatiza la necesidad de proteger a aquellos que cuentan con contratos temporales y fijos discontinuos, quienes se encuentran en una situación de vulnerabilidad ante la falta de garantías laborales en un momento de crisis. Esto se traduce en una exigencia clara: crear un marco legal que asegure la estabilidad de todos los trabajadores, sin excepción.
En su declaración, UGT y CCOO también han propuesto un programa similar al Mecuida, que permitiría adaptar o reducir las jornadas laborales según las necesidades específicas de cada trabajador y su entorno, promoviendo así una mayor flexibilidad en medio de las circunstancias adversas. Además, han subrayado la urgencia de reforzar los servicios de salud, empleo y Seguridad Social, anticipándose a un aumento en la demanda de asistencia y servicios, que podría desbordar la capacidad actual de respuesta.
Los líderes sindicales han expresado su profunda consternación por la tragedia humanitaria que se vive en las regiones más afectadas, donde la pérdida de vidas y propiedades se ha vuelto dolorosamente tangible. En este contexto, insisten en la necesidad de que todas las instituciones públicas tomen acción inmediata, movilizando recursos para las tareas de rescate y alivio. Se recuerda la importancia de restablecer rápidamente el acceso a alimentos, agua y servicios básicos, sobre todo para aquellas comunidades que están sufriendo las consecuencias de la catástrofe.
La exigencia de que las ayudas se active de forma ágil y sin trámites burocráticos excesivos es otro punto destacado en su comunicado, resaltando que es vital priorizar la atención a los daños personales y materiales ocasionados por la DANA. La llamada a la acción es clara: es imprescindible asegurar que las ayudas lleguen a quienes más lo necesitan, así como establecer moratorias en los pagos de hipotecas para aquellos que han visto su capacidad económica deteriorada.
Como conclusión, UGT y CCOO han dejado claro que, más allá de la ayuda inmediata, se debe exigir responsabilidades por las decisiones y omisiones que han contribuido a esta tragedia. En este sentido, la lucha por la justicia social y la defensa de los derechos laborales se vuelve más relevante que nunca, subrayando que en situaciones como estas, la irresponsabilidad y negligencia afectan de manera desproporcionada a la clase trabajadora.
La reciente demanda de UGT y CCOO ante la devastadora DANA pone de manifiesto la fragilidad de nuestro tejido laboral en situaciones de crisis. Exigir medidas urgentes como la implementación de ERTES por fuerza mayor y el apoyo a los trabajadores temporales es vital, ya que estas medidas no solo buscan salvaguardar la economía de miles de familias, sino que también reflejan un compromiso por parte de las instituciones de proteger lo que queda de un mercado laboral ya debilitado. Sin embargo, es alarmante que tengamos que esperar a que una tragedia de tal magnitud golpee nuestras puertas para que se reconozca la necesidad de un escudo social que, aunque efectivo durante la pandemia, parece haber sido olvidado en el marco actual. La inacción de las autoridades, en este sentido, es una negligencia que puede costar no solo empleos, sino vidas y la estabilidad emocional de muchos trabajadores.
Además, resulta imperativo que se restrinja la burocracia que rodea la entrega de ayudas a las víctimas de esta catástrofe. Las promesas de una respuesta ágil y eficiente deben traducirse en acciones concretas que prioricen el bienestar de quienes han perdido todo. La creación de un marco legal que proteja no solo a los de contratos temporales, sino a todos los trabajadores, es una exigencia que no puede ser descartada bajo ningún concepto. Este es un momento decisivo en el que se pone a prueba la responsabilidad social de nuestras instituciones. Sin un enfoque claro en la justicia social y en la defensa de los derechos laborales, seguiremos enfrentando crisis que afectan desproporcionadamente a los más vulnerables. La pregunta que debemos hacernos es: ¿dejará esta tragedia una lección de cambio o caeremos nuevamente en el olvido?
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