El consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, ha lanzado un fuerte aviso al Gobierno español en una entrevista publicada hoy en Expansión, donde ha calificado de «discriminatorio» el gravamen impuesto a las empresas energéticas. En un contexto en que Europa se enfrenta a un cambio en su estructura energética, Imaz sostiene que dicha política está obstaculizando la capacidad de inversión de la compañía en España, poniendo en riesgo miles de millones en proyectos de transformación y modernización.
Durante la conversación, Imaz subrayó que la situación actual del sector energético es crítica, ya que las limitaciones fiscales están llevando a la inseguridad sobre la rentabilidad de las plantas de Repsol en el país. «Si nos hacen imposible la rentabilidad de las plantas en España, no podemos invertir aquí. Nuestros inversores no nos lo van a permitir», afirmó con firmeza. Esta aseveración resuena especialmente en el contexto de los planes de inversión de entre 16.000 y 19.000 millones de euros que la compañía tiene en mente para los próximos cuatro años, de los cuales se destinarían 8.000 millones a proyectos dentro de territorio español.
Repsol ha optado por un enfoque proactivo ante los retos del sector, llevando a cabo transformaciones en sus refinerías ubicadas en Bilbao, Tarragona, Cartagena, Puertollano y La Coruña. Imaz destacó el emocionante proyecto en Tarragona, que contempla la implementación de una tecnología innovadora para la gasificación de residuos urbanos, destinada a producir un metanol orgánico verde. Sin embargo, la viabilidad de estos planes depende en gran medida de la reducción de la carga fiscal que pesa sobre el sector energético.
El CEO también lamentó la falta de diálogo con el Gobierno, revelando que la última conversación con un representante del Ejecutivo se remonta a diciembre de 2023. Esta carencia de comunicación, según Imaz, alimenta un clima de «populismo y demagogia» que ha dificultado la colaboración necesaria para abordar los desafíos actuales del sector energético. La urgencia de establecer un marco regulatorio más claro y atractivo es fundamental para evitar el desincentivo de inversiones de vital importancia para el futuro energético de España.
En este contexto, la postura de Imaz es un claro llamado a la reflexión sobre la política energética del país. La industria requiere un ambiente en el que pueda prosperar y adaptarse a las nuevas demandas y posibilidades tecnológicas. A medida que España busca un liderazgo en sostenibilidad y transición energética, la colaboración entre el sector privado y el Gobierno será clave para garantizar un desarrollo sólido y sostenido en los próximos años.
La advertencia del consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, sobre el «impuestazo» a las energéticas no debería ser entendida como un simple lamento de una empresa en la búsqueda de su rentabilidad, sino como un llamado a la reflexión crítica sobre la dirección que está tomando la política energética en España. La imposición de un gravamen que Imaz tilda de «discriminatorio» puede representar un escolló para la inversión, no solo en el gigante energético, sino en el ecosistema empresarial en su conjunto. En un momento en que la transición hacia un modelo energético sostenible es más urgente que nunca, una carga fiscal mal diseñada podría resultar en la paralización de innovaciones clave como las que Repsol propone, como la gasificación de residuos urbanos. La posibilidad de perder una inversión de entre 8.000 millones de euros destinada a crear soluciones sostenibles para el futuro es un riesgo que este país no puede permitirse.
Sin embargo, es necesario cuestionar la naturaleza de dicha inversión y la verdadera disposición de Repsol para alinearse con objetivos más amplios de sostenibilidad y bienestar social. La crítica de Imaz también debe servir como un aviso para el Gobierno: el diálogo es esencial. No obstante, este intercambio debe ser bidireccional y responsable. Si el sector energético demanda condiciones más favorables para operar, también debe comprometerse a ser parte activa de la solución en la crisis climática. Lo que se requiere es un marco regulatorio basado en la confianza y la transparencia, donde tanto el Estado como las empresas energéticas trabajen conjuntamente para establecer un futuro que no sólo favorezca a la inversión, sino que también garantice un entorno más sostenible para las generaciones venideras. La oportunidad de crear un camino hacia un modelo energético eficiente y respetuoso con el medio ambiente está sobre la mesa; depende de la capacidad de ambos actores para dialogar y cooperar.
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