La reciente DANA (Depresión Aislada en Altos Niveles) que azotó el sur de España ha dejado una huella devastadora, reflejada en un récord histórico de 116.000 solicitudes de indemnización en apenas ocho días. Este número inédito, según José Antonio Fernández, director general de seguros, «equivale a lo que habitualmente maneja el consorcio en un año completo». Tal cantidad de requerimientos subraya la magnitud de los daños, con un especial enfoque en los vehículos, que representan más del 60% de las demandas.
Casi 33.000 solicitudes corresponden a daños residenciales, resaltando la vulnerabilidad de muchas familias. La situación ha llevado al Gobierno a intensificar las medidas de apoyo. El presidente Pedro Sánchez indicó que las compensaciones podrían alcanzar los 3.500 millones de euros, un paquete financiero destinado a ayudar a aquellos que han sufrido pérdidas significativas, incluyendo hasta 72.000 euros por fallecimientos o incapacidades absolutas.
Consciente del dolor y la urgencia de los afectados, el Ministerio del Interior ha decidido simplificar el proceso para acceder a las ayudas. A partir de ahora, solo se requerirá un sencillo impreso y un formulario de datos bancarios, dejando atrás una burocracia que podría haberse convertido en un obstáculo para quienes han perdido casi todo. Susana Crisóstomo, subsecretaria de Interior, ha confirmado que «la administración utilizará otros registros públicos para obtener la información necesaria», lo que promete un alivio para quienes enfrentan la pérdida de sus documentos.
Las solicitudes se pueden presentar en múltiples plataformas: desde subdelegaciones del Gobierno hasta oficinas de Correos, facilitando así el acceso a todos los afectados. Este esfuerzo por parte del Gobierno refleja una intención clara de minimizar la carga administrativa en un momento crítico. Hasta enero de 2025, el plazo permanecerá abierto, con un presupuesto estimado de hasta 118 millones de euros para cubrir las ayudas directas.
Detrás de estos números, se encuentra la historia de cientos de miles de familias que han visto alteradas sus vidas en cuestión de horas. Además de los daños materiales, la DANA ha afectado a comercios e industrias locales, con aproximadamente 6.800 solicitudes relacionadas con negocios y cerca de 2.100 a industrias, lo que añade una capa extra de desafío a una economía ya golpeada por la pandemia.
Para hacer frente a la situación, el consorcio ha desplegado hasta 800 peritos, con planes de duplicar esa cifra en los próximos días, puesto que cada minuto cuenta a la hora de gestionar las indemnizaciones. En este sentido, los recursos transitando desde el Gobierno central hasta las comunidades afectadas son un rayo de esperanza en medio de la tormenta, mostrando que, a pesar de la destrucción, la solidaridad y la atención hacia los heridos del desastre están más vivas que nunca.
El compromiso del Gobierno y la respuesta del consorcio son esenciales en esta etapa post-catástrofe. Sin embargo, queda mucho trabajo por hacer. La sensación de incertidumbre persiste, pero la coordinación rápida y la adaptación a las nuevas realidades que la DANA ha puesto de manifiesto ofrecen un camino hacia la recuperación.
La devastación provocada por la DANA en el sur de España debería servir como un llamado a la acción para una planificación más eficiente y proactiva frente a desastres naturales. Con 116.000 solicitudes de indemnización en tan solo ocho días, el tamaño de la catástrofe es innegable, y es alarmante ver cómo, tras cada nuevo desastre, solo reaccionamos con medidas paliativas que buscan únicamente tapar el desastre en lugar de prevenirlo. A pesar de los esfuerzos del Gobierno para simplificar el acceso a ayudas y agilizar los trámites burocráticos, es fundamental que dediquemos recursos no solo a la recuperación, sino a la prevención y mitigación de tales fenómenos en el futuro. La realidad es que la infraestructura y las políticas públicas hasta ahora han demostrado ser insuficientes frente a las crecientes amenazas del cambio climático, y resulta imperativo que los responsables de la toma de decisiones asuman este reto con seriedad.
Además, la situación económica de los afectados, sobre todo de pequeños comercios e industrias que han sufrido pérdidas con 6.800 solicitudes relacionadas con negocios, merece una atención prioritaria. La respuesta del consorcio, con la implementación de 800 peritos para evaluar daños, es una buena señal, pero no podemos quedarnos ahí. Es crucial que se desarrollen estrategias robustas para el recupero socioeconómico que vayan más allá de las indemnizaciones directas, incorporando planes de desarrollo local que fortalezcan la resiliencia de nuestras comunidades. El dolor de quienes han perdido tanto en cuestión de minutos no se puede medir solo en cifras; es hora de que institucionalmente se reconozca la necesidad de un cambio en la forma en que enfrentamos estos retos, poniendo la vida y la estabilidad económica de los ciudadanos en el centro de todas nuestras acciones gubernamentales.
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