El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha anunciado este 26 de diciembre una propuesta que promete transformar el panorama fiscal de la región en 2025. Con un paquete de nueve nuevas deducciones y rebajas de impuestos, se espera un ahorro total de 170 millones de euros para los contribuyentes madrileños. De estas medidas, siete se centran directamente en el ámbito de la vivienda, ofreciendo un respiro a los propietarios, inquilinos y jóvenes que buscan establecerse en la Comunidad.
Una de las deducciones más destacadas es de 1.000 euros por el arrendamiento de viviendas vacías. Esta medida está dirigida a pequeños propietarios que se comprometan a alquilar sus inmuebles por un periodo mínimo de tres años. Se estima que alrededor de 20.000 propietarios se beneficiarán, logrando así un ahorro total de 20 millones de euros.
La ayuda se amplía aún más con la posibilidad para los hipotecados de deducir hasta 300 euros por el incremento de sus cuotas hipotecarias, un alivio que se calcula beneficiará a 450.000 familias, sumando un total de 90 millones de euros en ahorros. Este apoyo está diseñado para aquellos cuya vivienda habitual no exceda los 390.000 euros y cuyo ingreso familiar per cápita no supere los 30.930 euros.
En un esfuerzo por impulsar la movilidad juvenil, la Comunidad también incrementará la edad máxima para beneficiarse de la deducción por arrendamiento de vivienda habitual de 35 a 40 años, lo que permitirá a más jóvenes acceder a este alivio fiscal. Además, quienes se muden a municipios de menos de 2.500 habitantes tendrán la posibilidad de deducir 1.000 euros en sus gastos de vivienda, ya sea por compra o alquiler.
Otro aspecto innovador de este plan es el enfoque hacia los inversores extranjeros. Aquellos que se establezcan en Madrid en 2024 podrán deducirse el 20% de las inversiones realizadas en instrumentos financieros, siempre que mantengan tanto la inversión como su residencia fiscal en la región durante al menos seis años. Esta medida podría atraer a un número significativo de inversores, inyectando capital en la economía madrileña.
Además, el Gobierno regional tiene planes para modificar el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, aumentando la bonificación para transacciones entre hermanos y entre tíos y sobrinos del 25% al 50%. Las donaciones esporádicas por valores inferiores a 1.000 euros también serán bonificadas al 100%, un paso que facilitará mucho la transmisión de bienes dentro del núcleo familiar.
Con estas medidas, la Comunidad de Madrid no solo busca aliviar la carga fiscal de sus ciudadanos, sino también fomentar la inversión y el crecimiento económico en un contexto que sigue enfrentando desafíos derivados de la crisis habitacional y la inflación. La implementación de estas deducciones puede ser un punto de inflexión para mejorar el bienestar económico de las familias madrileñas, al tiempo que se incentiva la estabilidad en el mercado inmobiliario.
El anuncio del Gobierno de la Comunidad de Madrid sobre un **ahorro fiscal de 170 millones de euros** para sus residentes en 2025 puede parecer, a primera vista, una solución favorable para un panorama económico marcado por la crisis habitacional y la inflación. Sin embargo, detrás de esta propuesta se ocultan desigualdades que merecen un análisis más profundo. Las deducciones y rebajas de impuestos están dirigidas en gran medida a propietarios e inversores, apuntando a un perfil socioeconómico que tradicionalmente se beneficia de este tipo de medidas, mientras que los inquilinos siguen enfrentando el desafío de un mercado inmobiliario cada vez más inaccesible. La **deducción para arrendadores** de 1.000 euros podría incentivar la oferta de viviendas en alquiler, pero no aborda el problema estructural de la falta de vivienda asequible para las familias con ingresos bajos o medianos.
Por otra parte, el enfoque hacia los **inversores extranjeros** y el incremento de beneficios fiscales para sucesiones y donaciones entre familiares, aunque suena tentador, plantea interrogantes sobre la sostenibilidad de esta estrategia a largo plazo. Mientras se intenta atraer capital y fomentar el crecimiento económico, se corre el riesgo de que la comunidad local siga sintiéndose excluida de un modelo que prioriza la rentabilidad financiera por encima del bien común. Las políticas fiscales deben ser inclusivas y equitativas, no solo ajustadas para complacer a un sector privilegiado. Un verdadero avance hacia un bienestar económico integral requeriría un replanteamiento de estas medidas, incorporando también a aquellos que representan la base de la economía madrileña: los trabajadores y las familias con menos recursos, quienes parecen haber quedado en un segundo plano en este nuevo esquema fiscal.
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