Las grandes petroleras en España han alzado su voz de alarma ante el fraude milmillonario que se está registrando en la venta de combustibles en el país. Este crimen organizado, perpetrado por empresas piratas que eluden el pago de impuestos y tasas obligatorias, está generando una competencia desleal que está teniendo impactos devastadores en el mercado.
Repsol, Cepsa y BP, las tres principales compañías del sector, han advertido sobre la proliferación del fraude en el pago del IVA y otros cargos asociados a su actividad. Se estima que el fraude ya ha afectado a una cuarta parte de los operadores del sector y a una de cada diez estaciones de servicio en España, provocando un agujero de 1.000 millones de euros en las arcas públicas el año pasado.
El Consejero Delegado de Cepsa, Maarten Wetselaar, ha denunciado que este no es un simple fraude fiscal, sino un caso de crimen organizado en un sector estratégico para el país. Las consecuencias van más allá de la economía, afectando también la seguridad nacional y el medio ambiente. El fraude amplía las emisiones de CO2 al evitar el uso de biocombustibles y obstaculiza la construcción de infraestructuras clave como hospitales.
Las denuncias de las grandes petroleras en España sobre el fraude milmillonario en la venta de combustibles son alarmantes y revelan una problemática grave que está teniendo consecuencias devastadoras en el mercado. El impacto de este crimen organizado, que elude el pago de impuestos y tasas obligatorias, no solo se refleja en la competencia desleal entre empresas, sino que también afecta a las arcas públicas y tiene repercusiones en la seguridad nacional y el medio ambiente.
La cifra de 1.000 millones de euros de agujero fiscal generado por este fraude el año pasado es preocupante y pone de manifiesto la magnitud del problema. Es imperativo que se tomen medidas urgentes para combatir esta situación y evitar que se sigan perpetuando daños tanto a nivel económico como social y ambiental. La denuncia de las petroleras debe ser tomada en serio por las autoridades competentes, quienes deben investigar y perseguir a los responsables de este delito para restaurar la integridad y transparencia en el sector de venta de combustibles en España.
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