El sector turístico se encuentra en alerta ante la inminente entrada en vigor de una nueva normativa que les obliga a recabar una serie de datos de los viajeros que va más allá de lo habitual. Empresas de hospedaje, agencias de viajes y alquiler de vehículos se ven ahora en la encrucijada de recopilar información como la forma de pago, el número de tarjeta de crédito e incluso el grado de parentesco de los viajeros que se alojarán en sus instalaciones.
El presidente de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos, Jorge Marichal, ha manifestado su descontento con esta nueva normativa, considerándola invasiva y contraria a la intimidad de las personas. Asegura que se trata de una medida sin consenso y que va en contra del buen funcionamiento del sector turístico, que ya ha atravesado momentos complicados debido a la pandemia.
La carga administrativa que supone recopilar y enviar estos nuevos datos manualmente ha generado preocupación en el sector, que asegura que la plataforma destinada para ello no está plenamente operativa. Ante la amenaza de sanciones que van desde los 100 hasta los 30.000 euros, los operadores turísticos se encuentran en una situación de incertidumbre, pues cumplir con esta normativa podría resultar complicado y costoso.
A pesar de que la normativa fue aprobada hace ya tiempo, su aplicación se ha ido posponiendo en varias ocasiones debido a las dificultades tanto técnicas como logísticas. Pero ahora, a pocos días de que entre en vigor, la presión sobre el Gobierno para buscar una solución que facilite su implementación ha aumentado considerablemente. El sector turístico espera que se pueda alcanzar un consenso que respete la privacidad de los viajeros sin afectar negativamente a las empresas del sector.
La nueva normativa que obliga al sector turístico a recabar una serie de datos adicionales de los viajeros ha generado un fuerte malestar entre las empresas y operadores del sector. La invasión a la intimidad de los clientes y la carga administrativa que esto supone ha sido duramente criticada, especialmente por el presidente de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos. Esta medida, que pretende combatir el fraude, pone en aprietos a las empresas que ahora deben recopilar información detallada sobre los viajeros, incluyendo datos sensibles como el número de tarjeta de crédito.
Ante la falta de consenso y las dificultades técnicas para la implementación de esta normativa, el sector turístico se encuentra en una situación de incertidumbre y preocupación. Las posibles sanciones económicas que podrían imponerse en caso de incumplimiento no hacen más que aumentar la presión sobre el Gobierno para encontrar una solución que respete la privacidad de los viajeros sin perjudicar a las empresas del sector. En definitiva, esta nueva normativa representa un doble desafío para el sector turístico: por un lado, cumplir con las exigencias del Gobierno y, por otro, proteger la intimidad de sus clientes y mantener su competitividad en un mercado ya de por sí complicado por la situación actual de la pandemia.
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