El Gobierno de España se apresta a celebrar el último Consejo de Ministros del año este lunes, donde se espera la aprobación de un conjunto significativo de medidas económicas con el objetivo de hacer frente a los retos económicos que marcaron 2024. Desde la extensión del gravamen a grandes energéticas hasta la prórroga de bonificaciones al transporte, el Ejecutivo busca una respuesta efectiva a las dificultades financieras que enfrentan muchos ciudadanos y sectores en el país.
Uno de los temas más discutidos será la extensión del gravamen a las grandes energéticas hasta 2025. Este compromiso, acordado con partidos como ERC y Bildu, se encuentra en peligro tras la derogación del gravamen por parte de la oposición, que incluye a PNV, Junts y Vox. En un entorno político tenso, la aprobación de este real decreto ley es crucial para el Gobierno, que busca recaudar fondos en un sector especialmente lucrativo. Sin embargo, el contexto actual plantea incerteza sobre la capacidad del Ejecutivo para superar la oposición en el Congreso y obtener la ratificación necesaria.
En un esfuerzo por mitigar el impacto de la crisis inflacionaria, se mantendrán las bonificaciones al transporte público durante el primer semestre de 2025. Las ayudas que incluyen la gratuidad de los abonos de Renfe y la reducción del costo de los transportes estatales apuntan a facilitar la movilidad de los ciudadanos, especialmente en regiones con menos recursos. Además, la reactivación de la suspensión de desahucios para colectivos vulnerables se prolongará todo un año más, una medida que proporciona un respiro a miles de familias que aún enfrentan secuelas de la pandemia.
Otro aspecto relevante es la subida de las pensiones del 2,8 %, medida que se calcula en función de la inflación y beneficiará tanto a pensiones contributivas como no contributivas. Este incremento es fundamental para asegurar un nivel de vida digno entre los pensionistas en un contexto de aumento de precios. Junto a ello, el Ejecutivo buscará aprobar una prórroga presupuestaria, una situación automática que se produce cuando no se logran aprobar las cuentas anuales antes del inicio del año fiscal. Esta prórroga permitirá ajustar algunas partidas, aunque se anticipa que no incluirá aumentos salariales para los empleados públicos.
A pesar de las propuestas de continuidad, la prórroga de ayudas para la compra de vehículos eléctricos y la eliminación de impuestos sobre alimentos básicos y la electricidad aún están en el aire. Las organizaciones del sector automotriz presionan para la renovación del Plan Moves III, crucial para incentivar la transición hacia transportes más sostenibles. Sin embargo, las decisiones finales probablemente se verán afectadas por el actual clima político y el estado de las arcas públicas.
En conclusión, el Consejo de Ministros del lunes no solo representará un cierre del año, sino también una oportunidad para que el Gobierno establezca directrices que marcarán el rumbo económico del país en 2025. La tensión política y las necesidades urgentes de los ciudadanos presionan por una reacción decidida, lo que añade un nivel mayor de expectativa a las decisiones que se tomarán en esta crucial reunión.
Las medidas económicas que se discutirán en el último Consejo de Ministros del año son un reflejo de la imperiosa necesidad de respuesta ante una crisis global que sigue afectando a millones de ciudadanos. La extensión del gravamen a las grandes energéticas y las bonificaciones al transporte son decisiones que, sin duda, podrían aliviar tensiones económicas inmediatas. No obstante, la incertidumbre política que rodea estas propuestas plantea una serie de interrogantes sobre su efectividad. La oposición, que recientemente ha mostrado su descontento con las políticas fiscales del gobierno, sugiere que el camino hacia una economía recuperada está lleno de obstáculos que, de no ser sorteados adecuadamente, podrían llevar a la frustración de los ciudadanos en lugar de soluciones concretas.
Además, la prórroga de las ayudas para colectivos vulnerables y el aumento de las pensiones son pasos necesarios, pero insuficientes ante un panorama de crecimiento limitado y una inflación que parece persistente. A pesar de la voluntad de proteger a los más desfavorecidos, el Gobierno deberá adoptar una visión más integral, avanzando no solo en medidas paliativas, sino también en estrategias que promuevan un desarrollo económico sostenible y la creación de empleo de calidad. La falta de proactividad en la adopción de políticas que favorezcan la transición hacia energías renovables y la sostenibilidad del transporte refleja una visión demasiado reactiva y, tal vez, un miedo a alterar el estado de las finanzas públicas. La verdadera prueba para el Ejecutivo será si logra equilibrar la urgencia de responder a las necesidades sociales inmediatas con la creación de un marco fiscal a largo plazo que apoye un crecimiento inclusivo y sostenible.
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