La economía boliviana comienza 2025 marcada por graves desafíos que reflejan el impacto de un año 2024 tumultuoso. A pesar de las esperanzas del Gobierno sobre un eventual restablecimiento económico, los expertos vaticinan un año complicado signado por riesgos potenciales. Una inflación acumulada del 8,82% y un déficit comercial que alcanza los 329 millones de dólares son solo algunas de las alarmantes estadísticas que pesan sobre el futuro inmediato del país andino.
La crisis de abastecimiento de combustibles ha generado situaciones de desabastecimiento que han llevado a interminables filas de vehículos en las estaciones de servicio, creando una percepción de caos en uno de los países más ricos en recursos naturales de la región. Esta dificultad, sumada a la escasez de dólares, ha provocado que muchos ahorristas enfrenten lo que se ha calificado de «corralito bancario» no declarado, limitando severamente sus posibilidades de acceder a sus ahorros. Las protestas y bloqueos por parte de opositores han intensificado esta crisis, añadiendo complejidad y generando tensiones en la sociedad.
El presidente Luis Arce ha manifestado su optimismo para el nuevo año, esperando alcanzar un crecimiento del 3,51% y mantener la inflación en torno al 7,5%. Sin embargo, estos pronósticos chocan con la realidad que describen los analistas, quienes estiman que el crecimiento real podría ser de apenas entre 1,5% y 2%, y que la inflación podría dispararse hasta cifras de 10% a 12%.
La advertencia de la posibilidad de una estanflación, donde el país sufre al mismo tiempo de bajo crecimiento y altos precios, genera preocupación en amplios sectores de la población. El economista Fernando Romero enfatiza que el modelo económico de Arce, basado en la intervención estatal, ha perdido viabilidad ante la ausencia de ingresos significativos por exportaciones de gas natural, lo que podría llevar no solo a la ineficiencia, sino también a un aumento de pobreza y desempleo.
El año electoral que se avecina antepone un escenario de conflicto político entre facciones del partido gobernante y la oposición, lo que puede complicar aún más la necesaria reestructuración del modelo económico. Las reformas sustanciales parecieran ser el único camino para paliar los efectos de la crisis, sin embargo, el actual Gobierno ha mostrado resistencia a la reducción del gasto público, lo que genera un estancamiento en la implementación de políticas más efectivas.
Ante la complejidad de la situación, el futuro de la economía boliviana se presenta como un reto monumental para Arce y su administración. Con elecciones a la vista y una ciudadanía demandante, 2025 podría convertirse en un año decisivo no solo para la economía, sino también para las estructuras políticas del país. Las decisiones que se tomen en los primeros meses del año definirán el rumbo que seguirá Bolivia en el contexto de una crisis que no da tregua.
El panorama que se dibuja para Bolivia en 2025 es, sin lugar a dudas, un **retrato sombrío** de la realidad económica y política del país. La **inflación galopante** y el **déficit comercial alarmante** no solo evidencian el fracaso de las políticas económicas del Gobierno, sino que también ponen de relieve una debilidad estructural que podría llevar a Bolivia a un callejón sin salida. En este contexto, la visión optimista del presidente **Luis Arce**, quien aspira a un crecimiento del **3,51%**, parece una quimera ante una serie de **desafíos interconectados** que comprometen tanto la estabilidad económica como el bienestar social. La posibilidad de caer en una **estanflación** no es simplemente una advertencia de expertos, sino una realidad que podría convertirse en el pan de cada día para los bolivianos, afectando sobre todo a las clases más vulnerables de la sociedad.
Sin embargo, lejos de ser solo un cuadro desolador, este momento pudiera ser considerado una **oportunidad para la reflexión y el cambio**. Ante la **necesidad imperiosa de reformas estructurales**, el Gobierno debe desprenderse del temor a **reducir el gasto público** y adoptar un enfoque más pragmático que priorice la eficiencia sobre la ideología. La **tensión política** generada por un año electoral podría, en lugar de frenar la acción gubernamental, ser el catalizador que impulse a los líderes a actuar de manera más decidida. La **ciudadanía demandante** no solo exige respuestas inmediatas, sino también una visión a largo plazo que reconozca la rica diversidad de recursos del país. En este sentido, la capacidad de Arce y su administración para gestionar la crisis de forma efectiva será determinante; el camino hacia un Bolivia más próspera y estable requiere no solo de optimismo, sino de un compromiso firme con el **cambio estructural** y la **participación ciudadana** en la toma de decisiones.
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