Las nuevas reglas fiscales de la Unión Europea están generando un ambiente de incertidumbre entre las administraciones públicas, que buscan prepararse para los posibles ajustes que se puedan aplicar a partir de 2025. Según el informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), algunas entidades estarían aumentando sus gastos en 2024 para crear un colchón que les permita enfrentar de manera más holgada las restricciones presupuestarias que podrían llegar el próximo año.
Este incremento en el gasto público podría superar los límites establecidos por la Comisión Europea, lo que estaría generando preocupación en las autoridades fiscalizadoras. De acuerdo con la Airef, el gasto total computable para estos efectos crecerá un 4,3% este año, lo que representa una desviación al alza de 10.700 millones de euros, equivalentes al 0,7% del PIB. Esta situación pone en evidencia la necesidad de ajustes que deberán realizar las administraciones para cumplir con las nuevas normativas europeas y garantizar una gestión responsable de las finanzas públicas.
A pesar de las advertencias de la Airef, parece que algunas administraciones, como el Ministerio de Hacienda y varios gobiernos autonómicos y locales, no han tomado las medidas necesarias para evitar estas desviaciones en el gasto. La falta de acción por parte de las autoridades competentes podría llevar a una situación complicada en el futuro, donde se requieran medidas más drásticas para corregir el rumbo y cumplir con las nuevas reglas fiscales impuestas por la Unión Europea.
Las nuevas reglas fiscales de la Unión Europea están generando un ambiente de incertidumbre entre las administraciones públicas, que buscan prepararse para los posibles ajustes que se puedan aplicar a partir de 2025. Según el informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), algunas entidades estarían aumentando sus gastos en 2024 para crear un colchón que les permita enfrentar de manera más holgada las restricciones presupuestarias que podrían llegar el próximo año.
Este incremento en el gasto público parece estar poniendo en aprietos a las autoridades fiscalizadoras, ya que podría superar los límites establecidos por la Comisión Europea. La falta de acción por parte de algunas administraciones para evitar estas desviaciones en el gasto podría llevar a una situación complicada en el futuro, donde se requieran medidas más drásticas para corregir el rumbo y cumplir con las nuevas reglas fiscales impuestas por la Unión Europea.
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