La Supercopa de España, que se celebraba en Yeda como un encuentro de alto perfil entre el Real Madrid y el Mallorca, se ha visto empañada por un escándalo bochornoso que ha indignado a la comunidad futbolística. Tras el pitido final, lo que debía ser una celebración del deporte se transformó en un episodio alarmante que pone de manifiesto las cuestiones de seguridad y respeto hacia las mujeres en eventos deportivos.
Varias mujeres, familiares de los jugadores del Mallorca, han denunciado haber sido víctimas de acoso y tocamientos por parte de aficionados en las inmediaciones del estadio. Estas situaciones se desencadenaron en medio de una multitud que, lejos de comportarse de manera ejemplar, aprovechó la aglomeración para perpetrar actos inaceptables. Un testimonio desgarrador provino de Cristina Palavra, esposa del jugador Dani Rodríguez, quien expresó su desamparo ante la falta de seguridad: «Nos sentimos totalmente desamparadas; no había protección para nosotras«.
La preocupación no se limita únicamente a las víctimas. Los propios jugadores del Mallorca han expresado su malestar, con un miembro del equipo enfatizando que «es inaceptable que nuestras familias tengan que pasar por algo así. Esto no es fútbol«. Estas declaraciones revelan un sentido de responsabilidad colectiva y un llamado a las autoridades para que tomen medidas enérgicas contra situaciones que atentan contra la integridad de las personas en eventos deportivos.
Ante esta situación alarmante, las críticas hacia la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) se han intensificado. La federación, que estableció un controversial contrato millonario con la empresa Kosmos de Gerard Piqué para organizar la Supercopa en Arabia Saudí, ha guardado silencio. Esta falta de respuesta ha llevado a muchos, incluidos los aficionados y grupos como la Asociación de Accionistas y Socios del Fútbol en España (FASFE), a exigir responsabilidades. Uno de sus portavoces se ha manifestado de esta manera: «El dinero no puede justificar poner en riesgo a aficionados y familiares. Este contrato debería cancelarse de inmediato«.
Este incidente no solo destaca un caso aislado de acoso, sino que pone en primer plano un preocupante historial de derechos humanos en Arabia Saudí. La decisión de celebrar eventos deportivos de alta envergadura en un país con tales antecedentes se convierte en tema de debate. Este bochornoso episodio podría ser el catalizador que urge a las autoridades a reconsiderar futuras ediciones del torneo en dicho país.
La indignación social sigue creciendo, y se cierne sobre la RFEF una sombra que podría afectar la imagen del fútbol español, un deporte que debería ser sinónimo de unidad y respeto. La pregunta que queda en el aire es: ¿qué acciones concretas tomará la RFEF para asegurarse de que un incidente de esta naturaleza no vuelva a repetirse?
La Supercopa de España celebrada en Yeda no solo nos ha dejado un mal sabor de boca en lo deportivo, sino que ha destapado un problema profundamente arraigado en la cultura del fútbol: la inseguridad y el acoso hacia las mujeres en espacios públicos y deportivos. Es inaceptable que, en pleno siglo XXI, las familias de los jugadores deban vivir la angustia y el miedo en un evento que debería ser una celebración. La ausencia de medidas de seguridad adecuadas y la consecuente exaltación de la impunidad en la multitud revelan un panorama preocupante. La voz de Cristina Palavra resuena en toda la comunidad, exigiendo una respuesta que la RFEF, por ahora, parece rehuir. Esta actitud no solo pone en tela de juicio la integridad de quienes organizan estos eventos, sino también el valor que se otorga a la dignidad de las mujeres, cuya protección debería ser un pilar fundamental en cualquier actividad pública.
Además de la falta de respuesta ante una situación tan condenable, este escándalo pone de manifiesto el papel de las instituciones en la promoción de un deporte inclusivo y seguro. La RFEF debe asumir su responsabilidad y replantear sus decisiones, sobre todo en contextos tan complejos como el de Arabia Saudí, donde las violaciones de derechos humanos son un tema de larga data y que, claramente, contradicen los valores que el fútbol busca representar. La exigencia de cancelación de contratos millonarios que permiten la celebración de este torneo en un país con un historial tan negativo no es solo un grito de indignación, sino una llamada a la reflexión para todos los estamentos del fútbol español. En este sentido, la verdadera rendición de cuentas debería ir más allá de las declaraciones de intenciones; se requiere la implementación de acciones concretas que garantice la seguridad y dignidad de todos los asistentes, convirtiendo el deporte en lo que debería ser: un espacio de luz y unión, libre de sombras y temores.
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