Este pasado viernes, el clima de preocupación por las condiciones laborales de los funcionarios del ámbito judicial en Andalucía se palpó intensamente en la concentración organizada por cuatro organizaciones sindicales: CSIF, STAJ, SPJ-USO y UGT. El punto de encuentro fue el Complejo Administrativo Almajayar de Granada, donde, en el marco de una jornada técnica sobre el Plan Estratégico de Justicia para la comunidad, se alzaron voces exigentes que demandaron al consejero José Antonio Nieto una revisión inmediata de los complementos salariales que la Junta tiene la obligación de abonar desde la transferencia de competencias en 1997.
La situación es crítica. Los sindicatos han expresado su descontento tras años de espera y carencia de respuestas, recordando que más de 9.000 funcionarios de justicia ven afectadas sus nóminas debido a una gestión que, afirman, está desaprovechando la importancia de su labor en unas de las provincias con mayor tasa de litigiosidad de España. Andalucía, junto a Canarias, ha sido la comunidad donde el personal judicial ha soportado la carga de trabajo más elevada, con un número creciente de asuntos ingresados por cada 1.000 habitantes.
Además de la carga de trabajo, los sindicatos han hecho hincapié en el nuevo sistema de gestión procesal @driano, cuya implementación ha exigido un esfuerzo adicional de adaptación y formación. No obstante, este nuevo sistema también ha tenido contratiempos, ya que estudiados han reportado una caída generalizada en su funcionamiento, lo que incrementa el malestar entre los empleados. «No solo se necesita estabilidad en el sistema, sino que es imperativo que el consejero escuche las necesidades de los funcionarios que sostienen la justicia en la comunidad», indicaron fuentes sindicales en la manifestación.
La protesta de ayer fue el segundo acto de esta semana que resuena con demandas de justicia salarial. En Sevilla, el miércoles, los mismos representantes ya había hecho eco de leur frustración, exigiendo una respuesta que, hasta el momento, ha sido ignorada. En sus pancartas y lemas, placían la devolución de los recortes salariales sufridos en 2013 y 2014, algo que, afirman, convierte a Andalucía en la única comunidad que aún no ha compensado a su personal tras una década de espera.
Los sindicatos han señalado, con preocupación, que la falta de acción por parte de la Consejería de Justicia está enviando un mensaje desalentador. Al tener a otros territorios alcanzando acuerdos que representan mejoras significativas en las condiciones laborales, Andalucía se queda rezagada, ampliando la brecha salarial con respecto a estas comunidades. «No estamos pidiendo más que lo justo; es esencial que se considere el esfuerzo que día a día realizamos en la administración de justicia», subrayaron en el comunicado conjunto.
El desenlace de estas reivindicaciones podría marcar un antes y un después en las relaciones laborales del sector en la comunidad. Mientras los sindicatos insisten en su determinación sostenida, la respuesta de José Antonio Nieto será crucial para restablecer la confianza y las expectativas de un personal que se siente cada vez más relegado. Queda por ver si la Administración escuchará las demandas de la justicia y actuará en consecuencia.
La reciente protesta de los sindicatos en Andalucía, que exige una revisión salarial para los más de 9.000 funcionarios de justicia, pone de manifiesto una situación que no solo es crítica, sino también insostenible. La falta de respuesta por parte de la Junta tras más de una década de recortes salariales refleja no solo una negligencia administrativa, sino un desprecio hacia el esfuerzo monumental que estos trabajadores tienen que llevar a cabo en una de las comunidades con mayor carga judicial del país. En un momento en el que otras comunidades están logrando acuerdos que benefician a su personal, Andalucía se estanca en el lamento, enviando un claro mensaje de desinterés que impacta negativamente en la moral del sector y en la percepción pública de la administración de justicia.
Este clamor por justicia salarial es, además, una oportunidad perdida para plantear una reforma estructural del sistema judicial en la comunidad. No se trata únicamente de reposicionar los salarios, sino de reconocer la esencialidad de la función judicial en la sociedad y adaptar los recursos a las necesidades actuales. La implementación del nuevo sistema de gestión procesal @driano, si bien necesaria, ha desembocado en un aumento del descontento, lo que subraya la falta de planificación adecuada en su puesta en marcha. La administración debería tomar nota y actuar ante esta creciente frustración que, de no ser atendida, puede provocar un éxodo de talento en un sector ya de por sí vulnerable. La escucha activa y la conciliación son fundamentales; el tiempo se acaba, y el futuro de la justicia en Andalucía está en juego.
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