El caso de los 17 estudiantes mexicanos contratados supuestamente de forma irregular para el espectáculo ‘Malinche’ sigue dando de qué hablar. La suspensión de las comparecencias de estos jóvenes testigos/perjudicados ha generado incertidumbre sobre el rumbo que tomará la investigación. La ausencia de Roxana Drexel, directora de operaciones de ‘Malinche’, ha sido determinante en esta decisión judicial que impide avanzar en el proceso legal.
La presencia del reconocido productor musical Nacho Cano en el centro de esta polémica ha desatado un debate en torno a la contratación de inmigrantes en el mundo del espectáculo. La apertura de un procedimiento penal contra Cano y otras tres personas ha puesto en tela de juicio no solo las prácticas laborales en este ámbito, sino también la vulnerabilidad de los trabajadores extranjeros en situaciones como esta.
La decisión del juez de citar a los estudiantes de forma presencial para recoger sus testimonios como prueba preconstituida ha sido recibida con sorpresa. La preferencia por este método en lugar de una videoconferencia ha levantado dudas sobre la efectividad y la validez de esta medida en un caso de tal magnitud. La complicada logística de garantizar la presencia de todos los implicados en el mismo lugar y al mismo tiempo ha generado expectación sobre cómo se resolverá esta situación.
El caso de los 17 estudiantes mexicanos contratados supuestamente de forma irregular para el espectáculo ‘Malinche’ no deja de sorprender por la falta de transparencia y la complicada trama que se está tejiendo a su alrededor. La suspensión de las comparecencias de estos jóvenes testigos/perjudicados, debido a la ausencia de Roxana Drexel, evidencia la opacidad y las posibles presiones que rodean a este proceso judicial. La falta de claridad en torno a las responsabilidades de Nacho Cano y el papel de las autoridades competentes en la protección de los derechos laborales de los trabajadores extranjeros plantea interrogantes sobre el funcionamiento de la industria del espectáculo y la vulnerabilidad de ciertos colectivos.
La decisión del juez de citar a los estudiantes de forma presencial para recoger sus testimonios en persona, en lugar de optar por una videoconferencia, genera dudas sobre la eficacia y la imparcialidad de este procedimiento. La preferencia por un método tan engorroso y potencialmente riesgoso en medio de la pandemia pone en cuestión la seriedad y la legalidad de la investigación en curso. La incertidumbre sobre el desarrollo de este caso y la resolución de los hechos nos lleva a reflexionar sobre la importancia de garantizar la transparencia y la protección de los derechos de todos los trabajadores, independientemente de su nacionalidad o estatus migratorio.
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