Este lunes, 13 de enero, el Ayuntamiento de Málaga ha puesto en marcha dos nuevos radares de velocidad en el Camino de San Rafael, una decisión que responde a las demandas de la asociación vecinal del distrito Cruz del Humilladero. Ubicados estratégicamente a la altura del número 113, estos dispositivos actuarán en ambos sentidos de la vía, reforzando así el compromiso de las autoridades locales por aumentar la seguridad vial en una de las arterias más congestionadas de la ciudad.
La implementación de estos radares llega tras la preocupación de los vecinos por el comportamiento imprudente de algunos conductores, quienes frecuentemente superan el límite de velocidad fijado en 50 km/h. “Aquí los coches se lanzan a 60 o 70 km/h, ignorando incluso los pasos de peatones. Era una situación insostenible”, comenta un residente que lleva más de cuatro décadas viviendo en la zona. Estas palabras reflejan un sentimiento generalizado entre los habitantes del barrio, quienes han experimentado numerosos sustos y situaciones peligrosas al intentar cruzar la carretera.
La seguridad peatonal ha estado en el centro del debate en el Camino de San Rafael, y los testimonios de los vecinos corroboran esta urgencia. Una mujer que lleva 25 años viviendo en el área comparte su experiencia: “Casi me atropella una moto cuando cruzaba con el semáforo en verde. No puedo imaginar lo que podría haber sido si uno de estos radares hubiese estado funcionando antes”. La percepción del barrio como una “carrerita de coches” en dirección a eventos populares, como la feria, ha agudizado las preocupaciones sobre los atropellos y accidentes en la zona.
Los nuevos radares, que cuentan con la certificación del Centro Español de Metrología, suman a una red de control de velocidad que ya incluye más de diez dispositivos en diferentes puntos de la ciudad. Los conductores deberán tener cuidado, ya que superar el límite establecido puede resultar en sanciones económicas de hasta 600 euros y en la retirada de hasta 6 puntos en el carnet de conducir. “Es una medida dura, pero necesaria”, asegura un vecino, visiblemente satisfecho con la noticia. “Que se recaude, que se controle la velocidad”, añade con una sonrisa, señalando la importancia de la seguridad sobre la conveniencia del tráfico fluido.
Pese a que algunos automovilistas puedan considerar los radares como un elemento restrictivo, el consenso entre los residentes es claro: estos dispositivos son una herramienta vital para garantizar no solo la seguridad, sino también la tranquilidad del vecindario. “Estamos hablando de vidas”, concluye un padre de familia que ha vivido en el barrio desde su infancia, enfatizando el impacto positivo que estas medidas pueden tener en la calidad de vida de todos. Con esta acción, el Ayuntamiento reafirma su compromiso de cuidar a los ciudadanos y de crear entornos urbanos más seguros y amigables para todos.
La reciente decisión del Ayuntamiento de Málaga de instalar nuevos radares de velocidad en el Camino de San Rafael se presenta como una respuesta más que necesaria ante la creciente inquietud de los vecinos por la seguridad vial en la zona. Sin embargo, esta medida pone de manifiesto una cuestión crítica sobre la gestión de la movilidad urbana: ¿es suficiente la implementación de dispositivos de control para solucionar problemas más profundos relacionados con el comportamiento del conductor y la planificación del tráfico? Aunque es indiscutible que estos radares contribuirán a frenar la imprudencia y proteger a los peatones, es imperativo que las autoridades también aborden factores como la educación vial, el diseño de calles que prioricen a los peatones y una revisión integral de la normativa de tráfico que permita un desarrollo urbano más seguro y accesible.
Los radares pueden ser vistos como una doble espada: si bien pueden disuadir a los conductores de violar los límites de velocidad, también pueden generar un clima de desconfianza y resentimiento hacia la autoridad. Es crucial fomentar un diálogo constructivo entre los responsables de la regulación y la comunidad vecinal. Al final del día, la seguridad no debe convertirse en un medio para recaudar fondos a través de sanciones, sino en una prioridad compartida que involucre a todos los actores de la ciudad. En un momento en que la percepción de la seguridad urbana es fundamental para la calidad de vida, la gestión del tráfico debe ir más allá de dispositivos mecánicos; debe ser un reflejo de una verdadera voluntad por construir entornos donde la seguridad y la convivencia sean la norma y no la excepción.
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