Málaga, 4 de junio de 2025. La tranquilidad estival de la Universidad de Málaga (UMA) se ve amenazada por una tormenta laboral que se avecina el próximo 10 de junio. El comité de empresa del servicio de limpieza, respaldado por la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), ha convocado una concentración frente al Rectorado para denunciar lo que califican como "incumplimientos laborales" sistemáticos por parte de las empresas adjudicatarias del servicio: Serveo, OHL y Óptima. La protesta, que tendrá lugar a las 10:00 horas en el Paseo del Parque, busca visibilizar una situación que, según el sindicato, está generando un "grave perjuicio" para la plantilla y un "deterioro inadmisible" del servicio.
La raíz del conflicto se encuentra en la presunta inobservancia del pliego de condiciones por parte de las tres empresas, adjudicatarias de los lotes 1, 2 y 3 del servicio. CSIF denuncia que acuerdos alcanzados en el Sercla con las anteriores adjudicatarias, y que están expresamente recogidos en el pliego de la nueva licitación, están siendo "ignorados sistemáticamente", afectando negativamente las condiciones laborales de los trabajadores. Estos acuerdos, que introdujeron mejoras significativas en retribuciones, distribución de la jornada, contratación y cobertura de bajas y vacantes, ahora parecen papel mojado, generando frustración y descontento entre la plantilla.
Uno de los puntos más críticos de la denuncia es la "falta de cobertura de vacantes", derivada de bajas, jubilaciones y permisos. CSIF asegura que, pese a la obligación contractual de cubrir el 100% de las vacantes, existe un déficit medio del 20% entre los tres lotes. Esto se traduce en la ausencia de alrededor de 70 personas en una plantilla de 370, lo que provoca una sobrecarga de trabajo, precariedad laboral y, como consecuencia, un servicio de limpieza "mermado". El sindicato denuncia que, lejos de asumir la responsabilidad, se está culpando a los propios trabajadores por las deficiencias en el servicio.
Pero la cosa no acaba ahí. CSIF también denuncia el incumplimiento en el suministro de maquinaria y materiales básicos, lo que, según el sindicato, afecta directamente a las condiciones de trabajo y al servicio en sí. La situación, que se arrastra desde la adjudicación en enero de 2024, se ha convertido en una "constante", a pesar de las reiteradas denuncias por la vía judicial, ante la Inspección de Trabajo y mediante las oportunas reclamaciones, tanto a las adjudicatarias como a la propia UMA.
Ante la falta de soluciones, el comité de empresa ha decidido alzar la voz y convocar la concentración del 10 de junio. La protesta no solo busca denunciar públicamente la situación y visibilizar la precariedad creciente entre el colectivo, sino también exigir a la UMA que "ejerza su papel de vigilancia" y obligue a las empresas a cumplir el pliego de condiciones. Las organizaciones sindicales convocantes (CSIF, UGT, CCOO y CGT) han hecho un llamamiento a todos los trabajadores del servicio de limpieza a participar en la concentración, advirtiendo que se están estudiando nuevas movilizaciones en caso de que la situación no se resuelva. La limpieza de la UMA, en el punto de mira.
Es lamentable que, en pleno siglo XXI, sigamos presenciando escenas como la que se denuncia en la UMA. Más allá de la comprensible protesta de los trabajadores, lo que verdaderamente preocupa es la aparente impunidad con la que operan algunas empresas adjudicatarias, erosionando derechos laborales básicos y comprometiendo la calidad de un servicio esencial. La universidad, como institución pública y faro de conocimiento, no puede permitirse ser cómplice pasivo de esta situación. La dejación de funciones en la supervisión del cumplimiento de los pliegos de condiciones resulta, cuando menos, sospechosa y plantea serias dudas sobre la gestión de los recursos públicos. ¿Cómo es posible que, año tras año, se repitan los mismos patrones de incumplimiento sin que se tomen medidas drásticas?
La clave, como suele ocurrir en estos casos, reside en la falta de voluntad política para priorizar el bienestar de los trabajadores por encima de los intereses económicos. No basta con convocar concursos públicos si luego no se garantiza una fiscalización efectiva de las empresas adjudicatarias. La UMA debe asumir su responsabilidad y actuar con contundencia, exigiendo el cumplimiento íntegro de los contratos y sancionando ejemplarmente a aquellas empresas que demuestren un desprecio sistemático por los derechos laborales. De lo contrario, la protesta del 10 de junio será solo el preludio de un conflicto más profundo y duradero, con consecuencias nefastas para toda la comunidad universitaria. Urge, por tanto, un cambio de rumbo que ponga en el centro a las personas y el respeto a las leyes.
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