La campiña malagueña respira aliviada. El Plan de Fomento de Empleo Agrario (PFEA), una arteria vital para la economía rural, ha experimentado un significativo aumento del 24% en su inversión desde 2018, según anunció hoy Javier Salas, subdelegado del Gobierno en Málaga. Esta inyección de capital, que roza los 21,13 millones de euros para el presente ejercicio, promete insuflar nueva vida a los municipios y ofrecer un respiro a los trabajadores del sector. La noticia llega en un momento crucial, donde la incertidumbre climática y la fluctuación de los mercados agrícolas exigen medidas audaces para asegurar la sostenibilidad y el futuro del campo malagueño.
El anuncio se realizó durante la reunión de la Comisión de Seguimiento del PFEA, un encuentro que congregó a representantes del SEPE, la Junta de Andalucía, la Diputación de Málaga, la FAMP, sindicatos y organizaciones agrarias. Este cónclave, más allá de la mera formalidad, representa un punto de encuentro crucial para la articulación de políticas que respondan a las necesidades reales del territorio. Los 282 proyectos ejecutados en 2024, divididos entre Garantía de Rentas y Empleo Estable, son testimonio de la efectividad del PFEA, que se erige como un baluarte contra el desempleo y la despoblación en el ámbito rural.
El PFEA se cimienta sobre dos pilares fundamentales: el Programa de Garantía de Rentas, dotado con 16,65 millones de euros, y el Programa Generador de Empleo Estable, que cuenta con una inversión de 4,48 millones. El primero actúa como un salvavidas para aquellos trabajadores que, durante los periodos entre campañas agrícolas, se enfrentan a la precariedad laboral. El segundo, por su parte, busca consolidar puestos de trabajo a largo plazo, impulsando proyectos que mejoren las infraestructuras locales y fomenten la diversificación económica en los municipios. Javier Salas, en su intervención, hizo hincapié en el "doble objetivo" del plan, destacando su capacidad para generar empleo y, al mismo tiempo, mejorar la calidad de vida en las comunidades rurales.
Esta estrategia, que cuenta con la financiación mayoritaria del SEPE (65%), complementada por las administraciones autonómica, provincial y municipal, se refuerza con medidas que flexibilizan los requisitos de acceso a la renta agraria. Los decretos aprobados en 2022, que redujeron el número de jornadas cotizadas necesarias, demuestran un compromiso tangible con la inclusión laboral y la reducción de la brecha digital en el entorno rural. La apuesta por una mayor eficiencia y cobertura del PFEA en toda la provincia malagueña se vislumbra como un paso decisivo hacia un futuro más próspero y equitativo para el campo malagueño.
Aplaudir sin reservas el incremento del 24% en la inversión del PFEA sería ingenuo. Si bien la inyección económica es, sin duda, una bocanada de aire fresco para la maltrecha economía rural malagueña, no debemos perder de vista que se trata, en esencia, de un parche temporal para una herida profunda. Celebrar la mera creación de empleo precario y estacional como un triunfo es conformarse con migajas. Urge una reflexión seria sobre la necesidad de políticas estructurales que fomenten la diversificación económica y la innovación en el sector primario, alejándonos de la dependencia casi exclusiva de las subvenciones y la mano de obra barata.
El PFEA, con su doble vertiente de garantía de rentas y empleo estable, intenta cubrir un amplio espectro de necesidades, pero ¿es realmente efectivo en su propósito de combatir la despoblación y el desempleo a largo plazo? La reducción de jornadas cotizadas, si bien facilita el acceso a las ayudas, podría perpetuar un sistema dependiente de la asistencia pública en lugar de promover la autonomía y el emprendimiento. Es imperativo que la Comisión de Seguimiento del PFEA evalúe rigurosamente el impacto real de estas medidas, buscando alternativas que impulsen la formación, la digitalización y la creación de empleos de calidad en el campo malagueño, más allá de la simple subsistencia.
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