En una jornada marcada por la reivindicación y la memoria histórica, el subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, ha reiterado este lunes el «pleno compromiso» del Ejecutivo central con el caso de José García Caparrós, el joven malagueño cuya muerte, ocurrida durante una manifestación proautonomía en 1977, sigue resonando en la sociedad malagueña y española. Las declaraciones de Salas se producen tras la misiva enviada por la familia de García Caparrós al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la que solicitan formalmente la «reparación» de su hermano como víctima del terrorismo y la desclasificación de los documentos relacionados con el caso.
La figura de García Caparrós, un símbolo de la lucha por la autonomía andaluza y la transición democrática, vuelve así al centro del debate político, avivando las llamas de una herida aún sin cicatrizar. La demanda de la familia, que clama por la verdad y la justicia, se ha topado con la promesa de Salas de que el Gobierno está «absolutamente comprometido con la memoria democrática», un concepto que el subdelegado considera inseparable de la propia democracia. La sombra del pasado, por tanto, sigue proyectándose sobre el presente político de Málaga y de España.
Si bien Salas ha insistido en el compromiso del Gobierno con la memoria de García Caparrós, ha reconocido que la desclasificación de los documentos es un asunto que «se escapa a mi competencia». Según el subdelegado, este es un tema de índole legislativa que se encuentra actualmente en manos de los grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados. Esta declaración, aunque reafirma la voluntad del Ejecutivo, también introduce un elemento de incertidumbre en el proceso, dejando en manos del poder legislativo la resolución de una demanda histórica. La pelota, por tanto, pasa del terreno ejecutivo al legislativo, donde los acuerdos y las negociaciones entre partidos serán cruciales para determinar el futuro de la desclasificación. ¿Veremos finalmente la luz sobre los hechos que rodearon la muerte de García Caparrós? La respuesta, por ahora, reside en los pasillos del Congreso.
La reiterada promesa de «pleno compromiso» del Gobierno con el caso García Caparrós suena, desgraciadamente, a una melodía ya conocida en el repertorio político español. Si bien es plausible el reconocimiento de la figura de García Caparrós como símbolo de la lucha por la autonomía, la insistencia en que la desclasificación documental «se escapa» a las competencias del subdelegado es una **estrategia que diluye responsabilidades y traslada la carga a un Congreso ya de por sí saturado de debates polarizados**. ¿Es acaso la memoria democrática un mero juego de equilibrios parlamentarios, o un deber irrenunciable del Estado para con sus ciudadanos y su historia?
El caso García Caparrós no es simplemente un expediente a desempolvar, sino un **test de la verdadera voluntad política para esclarecer los oscuros episodios de la Transición**. Transferir la responsabilidad al Congreso, si bien técnicamente correcto, se percibe como una forma sutil de esquivar el compromiso directo. Se echa en falta una mayor proactividad del ejecutivo, una hoja de ruta clara que impulse la desclasificación desde dentro, en lugar de esperar a que la inercia legislativa, inevitablemente influenciada por intereses partidistas, decida el destino de una demanda tan legítima como urgente. La memoria, para ser realmente democrática, requiere acciones concretas, no solo declaraciones grandilocuentes.
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