La calma chicha de la Costa del Sol se ha visto turbada por una tempestad política que amenaza con convertirse en huracán. La alcaldesa de Fuengirola, Ana Mula, ha lanzado un órdago al subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, acusándolo de pasividad y falta de compromiso tras el trágico tiroteo del 31 de mayo que dejó dos muertos en la ciudad. La regidora popular, visiblemente indignada, ha defendido a capa y espada la profesionalidad de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, al tiempo que ha exigido al Gobierno central una inyección urgente de recursos para combatir la creciente ola de violencia que azota la zona.
El cruce de declaraciones, que ha ido escalando en intensidad durante las últimas horas, ha dejado al descubierto una profunda brecha entre el Ayuntamiento de Fuengirola y la Subdelegación del Gobierno. Mula ha manifestado su asombro por la supuesta falta de comunicación por parte de Salas tras el tiroteo, desmintiendo las afirmaciones del subdelegado y del PSOE local sobre su presencia en reuniones policiales. "Fui yo quien contactó con el subdelegado, y su respuesta fue, cuanto menos, decepcionante," afirmó Mula en un comunicado. "Lo único que hice fue convocar una reunión con los mandos policiales en el Ayuntamiento, un acto institucional que el subdelegado, lamentablemente, decidió ignorar".
La alcaldesa ha insistido en que su demanda no es un ataque a los agentes, sino una petición desesperada por más efectivos especializados en la lucha contra el crimen organizado. La Costa del Sol, conocida por su atractivo turístico y su vibrante vida nocturna, se ha convertido en un foco de atracción para redes criminales internacionales, lo que exige una respuesta contundente y coordinada. "No es un secreto que los sindicatos policiales llevan tiempo alertando sobre la falta de recursos," recalcó Mula. "La seguridad de nuestros vecinos debe ser la prioridad, y no podemos permitir que la falta de medios ponga en riesgo su bienestar".
Pero la cosa no queda ahí. Ana Mula ha lanzado una acusación aún más grave, denunciando lo que considera una estrategia del Gobierno central para desacreditar a determinadas unidades policiales. Esta supuesta maniobra, según la alcaldesa, debilita la lucha contra la delincuencia organizada y crea un clima de desconfianza que solo beneficia a los criminales. En este contexto, Mula ha reiterado su histórica petición de una nueva comisaría de Policía Nacional en Fuengirola, una demanda que, según ella, mantiene con independencia del color político del Gobierno de turno.
En un intento por bajar el tono a la polémica, la alcaldesa ha defendido su compromiso con la seguridad de Fuengirola y ha criticado al PSOE local por "anteponer intereses partidistas a los problemas reales del municipio". Ana Mula ha asegurado que su equipo de gobierno seguirá trabajando de forma leal con todas las instituciones, pero ha advertido que no permitirá que se utilicen "mentiras y difamaciones" para desacreditar su gestión. La batalla política está servida, y el futuro de la seguridad en Fuengirola pende de un hilo.
El enfrentamiento entre la alcaldesa Mula y la Subdelegación del Gobierno, lejos de ser un mero rifirrafe político, expone una preocupante desconexión institucional que socava la seguridad ciudadana en Fuengirola. Si bien la vehemencia de la alcaldesa al demandar recursos y denunciar una supuesta «desacreditación policial» puede interpretarse como una defensa férrea de su municipio, es crucial analizar si esta confrontación pública no termina por alimentar una sensación de inseguridad aún mayor entre los vecinos. La gestión eficaz de la seguridad requiere diálogo y colaboración, no un pulso mediático que, en última instancia, podría beneficiar más a las redes criminales que a los ciudadanos.
Más allá de la legítima preocupación por el aumento de la delincuencia organizada en la Costa del Sol, la acusación de Mula sobre una estrategia gubernamental para minar la credibilidad policial es un dardo envenenado que exige pruebas concretas. Sin ellas, se corre el riesgo de dañar irreparablemente la confianza de la ciudadanía en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, un factor crucial para el éxito de cualquier estrategia contra el crimen. Es imprescindible que tanto el Ayuntamiento como el Gobierno central depongan actitudes beligerantes y prioricen un enfoque constructivo, buscando soluciones conjuntas que refuercen la seguridad en Fuengirola sin caer en la polarización política que solo beneficia a los que delinquen.
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