El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha ratificado el fallo de un juzgado contencioso-administrativo, que ordena el lanzamiento de una familia de una vivienda de propiedad municipal en Málaga. Este caso, que ha generado gran controversia en la comunidad, afecta a una familia compuesta por cuatro miembros, incluyendo a una menor de solo siete años. La decisión judicial ha desatado un intenso debate sobre el derecho a la vivienda y la protección de los menores en situaciones de desalojo.
La sentencia del TSJA cierra un largo proceso judicial que comenzó en junio de 2024, cuando el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Número 5 de Málaga autorizó el desalojo, tras determinar que la vivienda había estado desocupada. A pesar de que la familia argumentó la presencia de una menor y solicitó protección legal, el Tribunal consideró que las pruebas presentadas no demostraban la ocupación efectiva del inmueble por parte de sus miembros. En al menos tres ocasiones, ni el padre ni la madre fueron localizados en la vivienda, lo que motivó al Instituto Municipal de la Vivienda (IMV) a solicitar su desalojo.
En su defensa, la familia alegó que la notificación del desalojo no había sido correctamente gestionada y que no se había tomado en cuenta la vulnerabilidad de su situación. Según argumentaron, el padre había presentado una instancia al Ayuntamiento para frenar el desahucio, así como documentación que respaldaba su estado económico y social. Sin embargo, el juzgado determinó que esta solicitud no era un recurso válido, lo que llevó al TSJA a desestimar las alegaciones presentadas por el abogado de la familia.
La sentencia subraya la responsabilidad de la administración en la gestión de situaciones habitacionales y el derecho a la defensa en tiempo y forma. A pesar de las reiteradas visitas de los inspectores del IMV, que confirmaron la ausencia de la familia, la lucha por el hogar subraya la cruda realidad que enfrentan muchos ciudadanos malagueños. Este caso pone en tensión la balanza entre la normativa administrativa y la protección de los derechos de los más vulnerables, como los menores, en el contexto actual de crisis habitacional.
La confirmación del desalojo surge en un momento donde el derecho a la vivienda como un bien esencial es más cuestionado que nunca. Las organizaciones en defensa de los derechos humanos alertan sobre el incremento de desalojos en la capital andaluza y piden a las instituciones que prioricen políticas efectivas para garantizar un espacio digno para todos. En este contexto, el TSJA se convierte en el eco de una administración que trata de cumplir con sus deberes, mientras el clamor por la justicia social resuena en las calles de Málaga, donde cientos de familias se enfrentan a la incertidumbre de no tener un lugar al que llamar hogar.
El reciente fallo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que respalda el desalojo de una familia en Málaga reivindica la aplicación estricta de la normativa administrativa por encima de la realidad social que viven muchos malagueños. Si bien es fundamental que las instituciones actúen de acuerdo a las leyes, no podemos ignorar el contexto de vulnerabilidad que rodea este tipo de decisiones. La presencia de una menor de solo siete años en esta situación crítica debería haber llevado a una reflexión más profunda sobre los impactos humanos de las decisiones judiciales. ¿Es la ausencia temporal de una familia en un inmueble suficiente razón para despojarla de su hogar? La respuesta debiera ser negativa, especialmente cuando hablamos de un bien de propiedad municipal, concebido para su uso por quienes más lo necesitan. Este caso expone las falencias de un sistema que, en ocasiones, parece estar más enfocado en cumplir con la letra de la ley que en abordar las circunstancias de aquellos que sufren las consecuencias de tales decisiones.
Además, el desenlace de este conflicto subraya una alarmante desconexión entre el aparato judicial y la realidad social de la vivienda en nuestras ciudades. La respuesta ante situaciones de desalojo debe ser integral y considerar no solo la legalidad, sino también el bienestar de las personas afectadas. La evidencia de que el padre había intentado frenar el desalojo y había presentado documentación relacionada con su situación económica resalta un problema estructural mayor relacionado con la falta de apoyo institucional efectivo para familias vulnerables. En un momento histórico donde el derecho a la vivienda debería ser prioritario, instar a las instituciones a desarrollar políticas públicas que garanticen este derecho es imperativo. Garantizar que las familias no solo tengan acceso a viviendas, sino a la seguridad de que pueden permanecer en ellas, es clave para promover una sociedad más justa y equitativa. La crisis habitacional que asola Málaga merece una respuesta firme y empática, en vez de meras aplicaciones de procedimientos administrativos que, sin duda, no reflejan las necesidades reales de su población.
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