El secretario de Organización del PSOE de Málaga, José Bernal, ha manifestado su preocupación este lunes por el impacto que los recortes en educación, promovidos por el Gobierno del Partido Popular, están teniendo en la calidad educativa de la comunidad. Según Bernal, Andalucía cerrará el año 2024 con una alarmante supresión de 1.075 aulas en educación infantil y primaria, de las cuales 158 unidades corresponden a la provincia de Málaga. Este recorte, que representa más de un 45% respecto al curso anterior, plantea serias dudas sobre el futuro de la educación pública en la región.
Las estadísticas revelan que la reducción afecta a diversas localidades malagueñas. En la capital, se eliminarán 47 aulas, mientras que otros municipios como Alhaurín de la Torre, Alhaurín el Grande, Antequera, Estepona, Fuengirola, Marbella, Rincón de la Victoria y Nerja también sufrirán recortes significativos. Esta tendencia ha suscitado críticas entre los socialistas, quienes consideran que la educación debería ser una prioridad en la agenda política, en lugar de un objetivo para recortar gastos.
Por su parte, la secretaria de Educación del PSOE malagueño, Patricia Alba, ha sido contundente en su análisis sobre la situación actual de las infraestructuras educativas en la provincia. Alba ha señalado la creciente dependencia de aulas prefabricadas y ha lamentado la falta de proyectos necesarios, como la construcción de institutos en Rincón de la Victoria, Benalmádena y Mijas, así como la ampliación de otras instalaciones educativas. A su juicio, estas carencias son indicativas de una falta de compromiso por parte de la Consejería de Educación para garantizar una calidad educativa que todos los alumnos merecen.
Además, la dirigente socialista ha criticado la escasez de plazas en formación profesional, lo que ha llevado a muchas familias a optar por alternativas privadas. La situación se ha visto agravada por un aumento del 11% en el precio del comedor escolar, sin que se haya notado una mejora en la calidad del servicio. En este contexto, alba ha subrayado que, desde la aprobación de un plan de bioclimatización hace cuatro años, no se ha ejecutado ninguna nueva infraestructura, a la vez que las ratios de alumnado por profesor han aumentado.
El impacto de estos recortes no solo afecta a las aulas, sino también al personal docente. Bernal ha subrayado que la política de eliminación de unidades conlleva una reducción en la contratación de docentes, lo que repercute negativamente en la calidad de la educación. Esto se traduce en mayores ratios de estudiantes por aula y, lo que es más preocupante, en un estancamiento de las oportunidades laborales para los interinos.
Asimismo, la falta de recursos se siente con mayor gravedad entre los alumnos con necesidades educativas específicas, que aún enfrentan un vacío en la atención personalizada que requieren. Más de 40 centros se ven afectados en la provincia, lo que evidencia una situación crítica que demanda soluciones urgentes. Para Bernal, las justificaciones del Gobierno sobre la baja natalidad y la racionalización de gastos no son sino excusas que ignoran la realidad: mejorar la educación en Andalucía debería ser una inversión, no un gasto.
En un momento clave para el futuro de la educación en Andalucía, las voces del PSOE se alzan en defensa de los derechos de los estudiantes y del profesorado, pidiendo medidas que aseguren una educación pública digna y accesible para todos.
La reciente denuncia del PSOE de Málaga sobre los alarmantes recortes en educación pública en Andalucía pone de manifiesto un problema que trasciende la mera contabilidad presupuestaria: la despriorización de un sector vital para el futuro de nuestra sociedad. La supresión de 1.075 aulas en educación infantil y primaria, y la eliminación de unidades educativas en localidades malagueñas no solo amenaza la calidad educativa, sino que deja al descubierto un modelo que parece estar más enfocado en recortar gastos que en invertir en el futuro de nuestros niños y jóvenes. Resulta inconcebible que, en un contexto donde la educación debería ser una de las principales apuestas políticas, se continúe justificando estas medidas bajo la excusa de la baja natalidad y la racionalización. La educación no debe considerarse un gasto, sino una inversión en el talento y el potencial humano que, a la larga, enriquecerá no solo a las nuevas generaciones, sino a toda la comunidad andaluza.
La crítica de Patricia Alba sobre la situación de las infraestructuras educativas y la creciente dependencia de aulas prefabricadas refleja la impotencia de un sistema que debería ofrecer condiciones dignas para la enseñanza. La falta de proyectos de ampliación y adaptación de instituciones, sumada al aumento desmedido de precios en servicios como el comedor escolar, sugiere un claro desprecio por la equidad educativa, que es fundamental para garantizar que todos los estudiantes, independientemente de su situación socioeconómica, tengan acceso a una educación de calidad. Además, el impacto negativo en el personal docente, que se traduce en un aumento de las ratios de alumnos por aula y, por ende, en una menor atención personalizada a estudiantes con necesidades educativas específicas, es un testimonio inquietante de la dirección que está tomando el sistema educativo en Andalucía. Es crucial que se adopten medidas urgentes que prioricen la calidad y la accesibilidad de la educación, no solo para preservar el presente educativo, sino para asegurar un futuro donde todos los alumnos puedan desarrollarse plenamente.
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