Málaga, 9 de julio de 2025 – El verano ha llegado con una tormenta de arena al sistema universitario andaluz. La Asociación de Universidades Públicas de Andalucía (AUPA) ha emitido un comunicado incendiario, acusando al gobierno de Juan Manuel Moreno de favorecer descaradamente a las universidades privadas en detrimento de las públicas. La mecha de este conflicto, que amenaza con reabrir viejas heridas, es la reciente autorización de 34 nuevos títulos a universidades privadas como la Tecnológica Atlántico-Mediterráneo, CEU Fernando III y Loyola Andalucía.
¿Asfixia silenciosa o apuesta por la diversidad educativa? Los rectores de las universidades públicas denuncian una estrategia premeditada para "mercantilizar" la educación superior, alimentada por una progresiva "asfixia" financiera a las instituciones públicas. Argumentan que la Junta de Andalucía está siendo injusta en el trato que dispensa a las universidades públicas en comparación con las privadas. La tensión, que parecía haberse aliviado tras el acuerdo de financiación alcanzado hace unos meses, ha vuelto a escalar, dejando al descubierto profundas grietas en la relación entre la Consejería de Universidades y los responsables de las instituciones académicas públicas.
El foco de la discordia se centra en la aprobación de nuevos títulos a universidades privadas, mientras que propuestas similares de las universidades públicas son rechazadas. AUPA denuncia que se ha inadmitido el Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de la Universidad de Córdoba, alegando baja empleabilidad, mientras que este mismo grado sí se le concedió a la Universidad CEU Fernando III. De igual manera, critican que las universidades de Granada y Jaén recibieron una verificación desfavorable para el Grado en Ingeniería Biomédica, un título que sí fue autorizado a la Universidad Loyola Andalucía. Los rectores se preguntan cómo es posible que se priorice a una universidad privada con poca experiencia en Ciencias de la Salud, negando esta oportunidad a universidades con una sólida trayectoria en la materia.
La polémica no se detiene ahí. AUPA denuncia la falta de transparencia en la publicación de información relevante sobre la aprobación de títulos a universidades privadas. Mientras que los títulos aprobados a las universidades públicas se hicieron públicos rápidamente, la información sobre las universidades privadas se mantiene en la opacidad. "Desconocemos esas mismas cifras en el caso de las universidades privadas y esa ocultación deliberada de información, tan relevante para la sociedad, no parece justificada", señalan los rectores en su comunicado.
AUPA hace un llamamiento a la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación para que trabaje en conjunto con las universidades públicas con el objetivo de resolver los problemas de funcionamiento de ACCUA y el Distrito Único Andaluz. La asociación considera que es fundamental abordar estos problemas para garantizar un sistema universitario andaluz justo, equitativo y de calidad. La guerra universitaria ha estallado y el futuro de la educación superior en Andalucía está en juego.
La tormenta que se cierne sobre las universidades andaluzas, lejos de ser una simple disputa presupuestaria, destapa un cambio de paradigma preocupante en la concepción de la educación superior. No es solo cuestión de «asfixia financiera», como denuncian los rectores, sino de una estrategia que parece favorecer un modelo donde el acceso al conocimiento se rige por las leyes del mercado. La proliferación de títulos en universidades privadas, algunos incluso rechazados a instituciones públicas con mayor experiencia y trayectoria, levanta serias dudas sobre los criterios de evaluación y las prioridades de la Junta. ¿Estamos ante una apuesta real por la diversidad educativa, o ante la creación de una educación a dos velocidades, donde la excelencia académica y la vocación pública se ven relegadas en favor de intereses económicos?
Más allá de las cifras y las acusaciones cruzadas, el problema reside en la falta de transparencia y el debilitamiento del sistema público. La «ocultación deliberada de información» denunciada por AUPA es un síntoma alarmante de la deriva que está tomando la Consejería de Universidades. Un sistema educativo robusto y equitativo necesita de la colaboración entre todos los actores, públicos y privados, pero jamás a costa de la calidad y la igualdad de oportunidades. Si la Junta persiste en este camino, corre el riesgo de socavar la base del conocimiento y la innovación en Andalucía, hipotecando el futuro de las generaciones venideras en aras de una visión mercantilista y cortoplacista de la educación superior.
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