Málaga, 21 de julio de 2025 – El olor a salitre se mezcla con el aroma de la preocupación en los puertos andaluces. La propuesta del nuevo Marco Financiero Plurianual (MFP) 2028-2034 de la Unión Europea ha caído como un jarro de agua fría en el sector pesquero, con un recorte que lo deja temblando: de 6.100 millones de euros a tan solo 2.000. Andalucía, junto a otras comunidades costeras, ha activado todas las alarmas y exige al Gobierno central una reacción contundente ante lo que consideran un ataque directo a la supervivencia de la pesca.
La imagen de las barcas meciéndose en el puerto, un icono de la costa andaluza, podría verse amenazada. El tijeretazo presupuestario europeo no solo impacta en las cuentas, sino que socava la esencia misma de un sector que lucha contra viento y marea: altos costes, falta de relevo generacional y una competencia internacional cada vez más feroz. Integrar los fondos pesqueros en un instrumento financiero único, como plantea Bruselas, es, según los pescadores, diluir la Política Pesquera Común (PPC) y dejar al sector sin el respaldo específico que tanto necesita.
El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, Ramón Fernández-Pacheco, ha sido tajante: "Estamos ante un ataque directo a la sostenibilidad económica, social y medioambiental de nuestro sector pesquero". Sorprende, además, la postura de la Junta, que se desmarca de la línea marcada por el grupo del PP europeo, el mismo al que pertenece el partido que sustenta al gobierno autonómico. Una señal inequívoca de la gravedad de la situación y de la determinación del gobierno andaluz por defender los intereses de sus pescadores.
La Junta ha insistido en que el actual Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (Fempa) ya sufrió un recorte importante en el anterior marco financiero. Otro recorte más, afirman, sería insostenible para un sector que es vital para la economía de muchas localidades costeras.
La pelota está ahora en el tejado del Gobierno de España. Andalucía, junto a Galicia, Murcia, Comunidad Valenciana, Cantabria y Baleares, ha solicitado la convocatoria urgente de la Conferencia Sectorial de Pesca. El objetivo es consensuar una posición común de defensa ante las instituciones europeas. Un frente unido para evitar que la voz de los pescadores andaluces se pierda en el laberinto burocrático de Bruselas.
"Defender a nuestros pescadores es defender nuestra identidad, nuestra economía azul y la cohesión territorial de muchas regiones que dependen directamente de la pesca", sentenció Fernández-Pacheco, dejando claro que la batalla por la supervivencia del sector pesquero andaluz no ha hecho más que comenzar.
El grito de alarma del sector pesquero andaluz ante el recorte presupuestario de la UE resuena con fuerza, y con razón. Más allá de las cifras, que ya son alarmantes, se atisba un desprecio preocupante por la singularidad y el valor estratégico de un sector que va mucho más allá de lo puramente económico. Integrar los fondos pesqueros en un instrumento financiero genérico es un error estratégico de dimensiones considerables, una miopía que ignora la necesidad de políticas específicas y adaptadas a las particularidades de la pesca artesanal y la acuicultura sostenible. No se trata solo de defender subvenciones, sino de garantizar la viabilidad de un modelo productivo que es esencial para la cohesión territorial y la preservación de un patrimonio cultural inmaterial que forma parte de nuestra identidad.
La reacción de la Junta de Andalucía, desmarcándose incluso de la línea marcada por su propio grupo político en Europa, es un síntoma de la gravedad de la situación y un acto de responsabilidad que merece reconocimiento. Sin embargo, más allá de las declaraciones grandilocuentes, es crucial que este frente común de las comunidades autónomas costeras se traduzca en una estrategia negociadora sólida y coordinada en Bruselas. No basta con lamentarse del recorte, sino que es imprescindible proponer alternativas viables, exigir transparencia en la gestión de los fondos y presionar para que se reconozca el papel fundamental de la pesca sostenible en la seguridad alimentaria y la lucha contra el cambio climático. De lo contrario, este «ataque a nuestra identidad», como lo define el sector, podría convertirse en una crónica de una muerte anunciada.
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