La sanidad pública andaluza se encuentra en una encrucijada crítica, a pesar de que la Junta de Andalucía ha aprobado un aumento de casi mil millones de euros para el presupuesto de 2025, alcanzando una cifra récord de 15.247 millones. Este incremento, que debería ser motivo de celebración, ha generado más bien un clima de descontento y preocupación entre los profesionales del sector y la ciudadanía en general.
Desde el inicio de 2024, el Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha estado bajo la mirada crítica de la opinión pública, con denuncias sobre un posible fraude en los contratos y una creciente presión proveniente de las continuas movilizaciones de los trabajadores de la salud. Las «mareas blancas» han tomado las calles, exigiendo mejoras en las condiciones laborales y un cumplimiento efectivo de los pactos sobre Atención Primaria alcanzados el año anterior, mientras que el Gobierno de Juanma Moreno enfrenta crecientes dificultades en su gestión sanitaria.
Las manifestaciones de los profesionales de la salud han puesto de relieve el deterioro sistemático de la atención pública en Andalucía. Con lemas contundentes como «la salud no se vende, se defiende» y «la sanidad es un derecho, no un negocio», los manifestantes han pedido «menos cierres y más contrataciones», articulando un mensaje claro contra lo que consideran una tendencia privatizadora del Gobierno. Esta incertidumbre ha aumentado las tensiones, especialmente en un contexto donde la ya preocupante situación de las listas de espera ha alcanzado dimensiones alarmantes.
En el primer semestre del año, un total de 203.979 pacientes esperaban en Andalucía una intervención quirúrgica no urgente, lo que representa un incremento del 5.9 por ciento en comparación con el mismo periodo de 2023. Las cifras del Ministerio de Sanidad revelan que el porcentaje de personas con esperas superiores a seis meses ha crecido un 6.6 por ciento, alcanzando el 31.6 por ciento en algunos casos, y mostrando particularmente tiempos de espera alarmantes en procedimientos como cirugía plástica, angiología y neurocirugía.
El clima de disconformidad ha resultado en un llamado a la dimisión de altos mandos en el SAS, incluido el gerente, Diego Vargas. La presión no solo proviene de las reivindicaciones laborales, sino también de un creciente sentido de pérdida de confianza entre los ciudadanos respecto a la capacidad del Gobierno para gestionar la salud pública. En este contexto, el Gobierno se encuentra cada vez más acorralado, a medida que las protestas arrebatan la narrativa de una administración eficaz en el área sanitaria.
En conclusión, aunque el presupuesto de 2025 señala un esfuerzo significativo por parte de la Junta de Andalucía para fortalecer la sanidad pública, esta inyección de recursos no puede tapar los problemas estructurales que afectan a un servicio esencial. Con las «mareas blancas» siguiendo su camino en defensa de la sanidad pública, queda por ver si el Gobierno puede transformar la situación y recuperar la confianza de los andaluces antes de que el año cierre con la sombra de un descontento profundo.
El reciente aumento del presupuesto para la sanidad pública andaluza, fijado en un récord de 15.247 millones de euros, podría interpretarse como un indicio de compromiso por parte de la Junta de Andalucía en la mejora del sistema sanitario. Sin embargo, esta cifra monumental se ha visto opacada por la creciente insatisfacción de los profesionales y la ciudadanía, quienes han alzado la voz en manifestaciones que reflejan una crisis de confianza hacia la gestión actual. Las denuncias sobre la falta de atención primaria y el aumento vertiginoso de las listas de espera no son meras distracciones; son síntomas de un sistema que, a pesar de contar con mayores recursos, se encuentra en un estado de emergencia que demanda soluciones efectivas. La contradicción entre el prestigio del nuevo presupuesto y la realidad cotidiana de quienes requieren atención médica pone de manifiesto los problemas estructurales que aún aquejan a la sanidad pública andaluza.
La situación convoca a una profunda reflexión sobre la eficacia de cómo se gestionan estos recursos y la sinceridad de las intenciones del gobierno. La movilización social, visibilizada a través de las «mareas blancas», no es simplemente un repertorio de quejas, es un grito alarmante que exige un cambio radical en la forma de entender y administrar la sanidad. En vez de continuar ignorando el clamor popular o relegar las crisis a un segundo plano, el Gobierno debe tomar decisiones audaces que impliquen no solo una inyección de dinero, sino un compromiso real con la calidad y accesibilidad de la atención médica. La recuperación de la confianza en el SAS pasa por atender las necesidades básicas de salarios y condiciones laborales de los trabajadores, así como cumplir de manera tangible con los pactos establecidos; de otro modo, el récord presupuestario se convertirá en una mera cifra vacía ante la gravedad de la situación sanitaria en Andalucía.
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