En eldiariodemalaga.es, a 2 de noviembre de 2025, analizamos en profundidad los datos revelados sobre las denuncias por exceso de velocidad en las carreteras españolas durante el año 2024. Un informe de Automovilistas Europeos Asociados (AEA) ha desvelado un panorama donde Andalucía se corona, una vez más, como la comunidad autónoma con mayor número de sanciones, representando un impresionante 27,8% del total nacional. Pero, ¿qué se esconde detrás de estas cifras? ¿Son los conductores andaluces más propensos a pisar el acelerador, o existe una estrategia de control de velocidad más intensa en la región?
La friolera cifra de 959.592 denuncias en Andalucía no solo la sitúa a la cabeza, sino que duplica con creces las sanciones impuestas en comunidades como Castilla y León (413.343) y la Comunidad Valenciana (366.360). Este desequilibrio plantea interrogantes sobre la ubicación estratégica de los radares y su impacto real en la seguridad vial. Mientras la DGT justifica estas medidas como herramientas para reducir la siniestralidad, algunos conductores las perciben como una fuente de ingresos desproporcionada.
El estudio de la AEA arroja luz sobre los radares individuales que más «cazan» a los infractores. Si bien el radar ubicado en el Km. 20 de la M-40 en Madrid ostenta el récord nacional de denuncias, Andalucía cuenta con tres radares entre los cinco más activos del país. El Km. 968 de la A-7 en Málaga (67.502 denuncias) y el Km. 74 de la A-381 en Cádiz (54.835 denuncias) se han convertido en verdaderos imanes para las sanciones, generando un debate sobre su señalización y la claridad de los límites de velocidad en estas zonas.
Un caso particularmente llamativo es el del radar ubicado en el Km. 245 de la A-4 en Jaén. Este cinemómetro, que apenas registró dos denuncias en 2023, experimentó un aumento meteórico hasta alcanzar las 24.189 sanciones en 2024. Este incremento exponencial sugiere un cambio repentino en su configuración o una mayor vigilancia en la zona, generando sorpresa e indignación entre los conductores que transitan por esta vía.
Con seis de los diez radares que más multan en España situados en Andalucía, la región se enfrenta al desafío de equilibrar el control de la velocidad con la información clara y precisa para los conductores. ¿Seguirá Andalucía liderando el ranking de sanciones en 2025? La respuesta dependerá de la estrategia de la DGT y de la concienciación de los conductores sobre la importancia de respetar los límites de velocidad. Lo que está claro es que el debate sobre los radares y su impacto en la seguridad vial seguirá siendo un tema candente en los próximos meses.
La noticia que sitúa a Andalucía como líder indiscutible en sanciones por exceso de velocidad en 2024, con un impresionante 27,8% del total nacional, no solo despierta suspicacias, sino que pone en tela de juicio la efectividad real de la política de radares implementada en la región. Más allá de la indiscutible necesidad de velar por la seguridad vial, la disparidad entre las cifras andaluzas y las del resto de comunidades autónomas, llegando a duplicar con creces algunas de ellas, sugiere que quizás no estemos ante un problema exclusivo de imprudencia al volante por parte de los conductores andaluces, sino ante una estrategia de control excesivamente punitiva que, en lugar de educar y prevenir, se limita a recaudar. La pregunta clave es si esta obsesión por los radares, algunos de ellos con un historial cuanto menos sorprendente como el de Jaén, está realmente contribuyendo a salvar vidas o simplemente engrosando las arcas públicas a costa del bolsillo de los ciudadanos.
La concentración de radares «cazainfractores» en puntos concretos, como los tristemente célebres kilómetros de la A-7 en Málaga y la A-381 en Cádiz, evidencia una necesidad urgente de revisar la señalización y la claridad de los límites de velocidad en estas zonas. No se trata de justificar los excesos de velocidad, sino de garantizar que los conductores tengan la información necesaria y suficiente para circular con seguridad y dentro de la legalidad. Un sistema de radares eficaz no es aquel que más multa, sino aquel que consigue disuadir a los conductores de cometer infracciones, fomentando una conducción responsable y, sobre todo, reduciendo la siniestralidad. Urge una reflexión profunda sobre la necesidad de invertir más en educación vial y en la mejora de la infraestructura viaria, en lugar de depender exclusivamente de una política de radares que, a la vista de los resultados, parece estar más enfocada en la recaudación que en la prevención.
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