Málaga, 14 de julio de 2025 – La carretera andaluza se consolida como la gran protagonista en el ranking nacional de sanciones por exceso de velocidad. Un reciente estudio de Automovilistas Europeos Asociados (AEA) revela que, durante el pasado año 2024, los radares de la comunidad autónoma acumularon la friolera de 959.592 denuncias, lo que representa un 27,8% del total de las infracciones detectadas en todo el territorio español. La cifra, que supera con creces a la de otras regiones como Castilla y León o la Comunidad Valenciana, vuelve a poner en el punto de mira la eficacia de la política de radares de la Dirección General de Tráfico (DGT).
El informe de AEA no solo desvela la hegemonía andaluza en el arte de multar, sino que también señala a los radares más "productivos" de la región. El cinemómetro situado en el kilómetro 968 de la A-7, en Málaga, se alza como uno de los campeones de la recaudación, con 67.502 denuncias. No se queda atrás el radar ubicado en el kilómetro 74 de la A-381, en Cádiz, que "cazó" a 54.835 conductores. Estos datos invitan a reflexionar sobre si estos puntos kilométricos se han convertido en auténticas "trampas" para los conductores, o si realmente existe un problema de exceso de velocidad recurrente en esas zonas.
Pero la verdadera sorpresa del informe la protagoniza un radar jienense. El cinemómetro situado en el kilómetro 245 de la A-4, en Jaén, ha experimentado un ascenso meteórico en el ranking de radares más activos. De apenas dos denuncias formuladas en 2023, este radar pasó a sancionar a 24.189 conductores en 2024. Un incremento estratosférico que plantea interrogantes sobre las razones de este cambio tan drástico. ¿Se debe a un aumento repentino de la velocidad en la zona? ¿O quizás a un cambio en la configuración o ubicación del radar? Sea cual sea la respuesta, lo cierto es que este radar se ha convertido en un verdadero quebradero de cabeza para los conductores que transitan por la A-4 a su paso por Jaén.
El presidente de AEA, Mario Arnaldo, ha aprovechado la publicación de este informe para cuestionar la efectividad de la política de radares de la DGT. Según Arnaldo, el elevado número de denuncias formuladas en autopistas y autovías, en contraposición a las carreteras secundarias donde se producen la mayoría de los accidentes con víctimas, sugiere que los radares se están utilizando como meros instrumentos de recaudación, en lugar de cumplir su función principal de garantizar la seguridad vial. Un debate que sigue abierto y que exige una reflexión profunda sobre la necesidad de equilibrar la prevención de accidentes con el respeto a los derechos de los conductores.
La desorbitada cifra de multas por exceso de velocidad en Andalucía durante 2024, revelada por el informe de AEA, no solo es alarmante, sino que pone en entredicho la verdadera finalidad de la política de radares de la DGT. Más allá de la innegable necesidad de controlar la velocidad para garantizar la seguridad vial, resulta difícil no sospechar de una estrategia recaudatoria cuando los radares más «productivos» se concentran en autopistas y autovías, vías teóricamente más seguras que las carreteras secundarias. Esta disparidad geográfica levanta serias dudas sobre la proporcionalidad y la justicia de un sistema que, en lugar de priorizar la prevención en puntos negros reales, parece cebarse con conductores que, en muchos casos, superan mínimamente los límites establecidos.
El caso del radar de Jaén, que pasó de emitir dos denuncias en 2023 a más de 24.000 en 2024, es paradigmático y exige una investigación exhaustiva. ¿Hubo un cambio repentino en las condiciones de la vía? ¿Se modificó la configuración del radar sin la debida señalización? La falta de transparencia en este tipo de situaciones mina la confianza de los ciudadanos en las instituciones y alimenta la percepción de que los radares son, en última instancia, herramientas para engordar las arcas públicas. Es imperativo que la DGT revise su política de radares, apostando por una mayor claridad informativa y una priorización real de la seguridad vial, en lugar de la mera imposición de sanciones económicas.
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