El Cortijo de Cuarto, ubicado en el barrio de Bellavista, se ha convertido en el epicentro de la preocupación entre los más de 400 agentes que desempeñan su labor en unas instalaciones definidas por el Sindicato Unificado de Policía (SUP) como «lamentables». Con techos en riesgo de derrumbe y filtraciones que convierten los pasillos en auténticos laberintos de peligros, la situación ha llegado a un punto crítico que exige atención inmediata.
Desde que fueron inauguradas en 1992, estas instalaciones han sufrido un deterioro alarmante. A pesar de las continuas denuncias de los agentes sobre las deficiencias, incluyendo la falta de agua caliente en la Unidad Especial de Caballería durante más de un mes y la imposibilidad de cambiar de ropa en áreas anegadas, la Administración sigue sin tomar medidas efectivas. Ángel Becerra, secretario federal del SUP, destaca que los desprendimientos de techos son una consecuencia directa de la falta de mantenimiento y de la inacción de las autoridades responsables.
La higiene y salubridad de las instalaciones se han convertido en un tema urgente; la ausencia de personal de limpieza durante las vacaciones provoca una acumulación de problemas que atentan contra la salud de los trabajadores. «Es intolerable que un agente se tenga que jugar la salud solo por no contar con las herramientas adecuadas para su bienestar», denuncia Becerra en un comunicado que también menciona el riesgo de derrumbes, que han llevado a algunas áreas a ser cerradas temporalmente con vehículos.
A pesar de que en 2015 se prometieron arreglos, los años han pasado sin que se acometieran las obras necesarias en el Cortijo de Cuarto. Mientras tanto, observan con preocupación cómo se destinan fondos significativos a mejorar las condiciones climáticas en otras jefaturas, lo cual ha generado un sentimiento de desprecio hacia el bienestar de los agentes que día a día enfrentan situaciones de riesgo. «Es momento de que se prioricen las necesidades básicas de seguridad y salud», recalca Becerra.
El SUP ha hecho un llamado contundente a la Dirección General de la Policía para que adopte medidas decisivas y realice las inversiones pertinentes para dignificar las instalaciones. «No estamos dispuestos a tolerar más esta situación. La vida y la salud de nuestros compañeros son lo primero, y continuaremos luchando por unas condiciones laborales dignas», concluye Becerra, dejando claro que no se descartarían movilizaciones si la situación persiste.
La situación en el Cortijo de Cuarto es un claro ejemplo de cómo el abandono de las infraestructuras destinadas a la seguridad pública no solo pone en riesgo la salud de los agentes, sino que también socava la confianza de la ciudadanía en sus instituciones. Los constantes avisos de deterioro y las condiciones «lamentables» descritas por el Sindicato Unificado de Policía (SUP) merecen una respuesta inmediata y contundente por parte de las autoridades. Es inaceptable que, a pesar de las promesas de mejora realizadas en 2015, la realidad que enfrentan los agentes siga siendo un laberinto de peligros que ponen en entredicho la eficiencia en su labor diaria. La falta de acción ante estos problemas manifiesta una preocupante desconexión entre los responsables políticos y las necesidades de quienes arriesgan sus vidas para mantener la seguridad en la comunidad.
Este abandono refleja una mentalidad preocupante en la que se priorizan inversiones en otras jefaturas a costa de la dignidad y el bienestar de un colectivo que, en su día a día, se encuentra ante amenazas mucho más serias que un techo en mal estado. La exigencia del SUP de que se realicen obras de mantenimiento es un grito de auxilio que resuena no solo en los pasillos del Cortijo de Cuarto, sino también en el corazón de una sociedad que debe valorar y proteger a sus servidores públicos. La falta de recursos básicos, como agua caliente o espacios limpios, pone en riesgo no solo la salud de los agentes, sino también la calidad del servicio que ofrecen. En este sentido, la administración no solo debe escuchar a los sindicatos, sino que debe actuar con firmeza para revertir esta situación y demostrar que la seguridad y el bienestar de sus agentes son, efectivamente, una prioridad real y no solo un lema vacío.
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