El acceso a una atención eficiente por parte de los servicios de dependencia en Andalucía sigue siendo un desafío para muchas familias. La Federación de Organizaciones Andaluzas de Mayores ha alzado su voz ante la reiterada inoperatividad de los teléfonos habilitados para este sector, convirtiendo la búsqueda de información en un laberinto angustioso. Pacientes dependientes y sus familiares se ven obligados a lidiar con largas esperas y, en ocasiones, con la frustrante desconexión de las llamadas después de minutos de expectativa.
El mensaje «Todas nuestras líneas se encuentran ocupadas, en breve atenderemos su llamada, manténgase a la espera» se ha vuelto una constante para aquellos que intentan acceder a servicio. La falta de respuesta y el silencio administrativo han amplificado el malestar entre los usuarios, obligados a repetir intentos fallidos para conectarse con un funcionario. Según la Federación, en ocasiones, los llamadores enfrentan tiempos de espera de hasta 20 minutos, solo para recibir como resultado la desconexión de la llamada.
La situación es especialmente crítica dado que los teléfonos destinados a la valoración de la dependencia y atención ciudadana son frecuentemente inaccesibles o se encuentran fuera de servicio. En varias ocasiones han comunicado estas dificultades a la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, sin que hasta la fecha se hayan tomado medidas eficaces que solucionen el problema.
Tras recibir múltiples quejas de ciudadanos en diversas localidades andaluzas, la Federación decidió presentar formalmente el 16 de diciembre de 2024 la situación a la administración. En ese momento, la Consejería prometió una solución. Sin embargo, el tiempo ha pasado y la realidad sigue siendo la misma, dejando a muchos andaluces sin los apoyos necesarios en un momento crítico de sus vidas.
La organización ha ido más allá al pedir la retirada de estas líneas, cuya inoperatividad ha evidenciado la falta de recursos en el sistema de dependencia. En su comunicado, han señalado que la crisis que atraviesa este sector no se debe únicamente a la infrafinanciación por parte del Gobierno central, sino también a una gestión deficiente por parte de la Junta de Andalucía.
Este descontento creciente no solo refleja la insatisfacción por la falta de atención, sino que, además, pone de relieve la necesidad urgente de una revisión del sistema para garantizar que todos los andaluces que requieren asistencia tengan accesos justos y equitativos a los recursos que necesitan. En un territorio donde el bienestar de nuestros mayores y dependientes debería ser una prioridad, la ineficacia operativa se convierte en un clamor que requiere respuestas concretas y urgentes.
La denuncia realizada por la Federación de Organizaciones Andaluzas de Mayores sobre la inoperatividad del sistema telefónico de dependencia en Andalucía es un grito de auxilio que hemos escuchado en múltiples ocasiones, pero que parece caer en un vacío administrativo inquietante. No solo se pone en evidencia la ineficacia de unas líneas que deberían facilitar el acceso a servicios esenciales, sino que también se revela una falta de responsabilidad por parte de las instituciones ante las necesidades apremiantes de las familias afectadas. Este es un claro reflejo de una estructura de atención que no solo es insuficiente, sino que también se muestra incapaz de adaptarse a la realidad social de nuestros mayores y dependientes. La reiteración del mensaje de «líneas ocupadas» sugiere un sistema colapsado que deja a quienes más lo necesitan en un estado de desamparo y desesperación, un hecho inaceptable en un estado que debería velar por el bienestar de sus ciudadanos.
Es fundamental que la Junta de Andalucía y la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad no solo escuchen el clamor de organizaciones y ciudadanos, sino que, sobre todo, actúen con la rapidez y la eficiencia que la situación demanda. La demanda de retirada de estas líneas, cuya ineptitud ha sido ampliamente documentada, debe ser tomada en cuenta como una solicitud de cambio profundo y no como un simple desahogo. Los recursos para la atención a la dependencia no deben ser considerados solo como un gasto, sino como una inversión en dignidad y calidad de vida para nuestros mayores. La crisis del sistema de dependencia es un desafío que no solo afecta a la administración, sino que también nos interroga como sociedad: ¿cómo estamos tratando a aquellos que han contribuido a forjar la Andalucía que conocemos? La solución a esta situación debe ser una prioridad y requerir una profunda revisión y reestructuración del sistema para garantizar que, al fin, todos los andaluces tengan acceso a los recursos que merecen.
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