La Plataforma en Defensa de los Regadíos del Condado de Huelva ha decidido poner sobre la mesa la posibilidad de abandonar el Pacto por Doñana. Esta decisión, que se debatirá la próxima semana, refleja la creciente frustración de los agricultores ante lo que consideran «reiterados incumplimientos» por parte de las administraciones y la presión constante ejercida por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Según palabras de Manuel Mora, presidente de la plataforma, «los regantes se sienten engañados y manipulados».
El conflicto se ha intensificado a raíz del retraso en las ayudas prometidas, que están convocadas para el próximo mes de mayo. Sin embargo, Mora critica que los agricultores no están claramente incluidos como beneficiarios de estas subvenciones esenciales que podrían alterar el destino agrario de la zona. «Sin esta claridad, el éxito del plan es incierto», añadió, subrayando la urgencia de definir quiénes podrán acceder a la asistencia económica.
La Junta de Andalucía ha defendido su posición asegurando que mantiene un diálogo «continuo y fluido» con los agricultores. Sin embargo, las palabras del delegado de la Junta, José Manuel Correa, chocan con la realidad que vive el sector agrícola, que se siente cada vez más desamparado. Correa reconoce la inquietud de los regantes sobre las ayudas, pero insiste en que el trueque de responsabilidades con el Ministerio para la Transición Ecológica complica la situación.
Mora ha calificado de «clave» la revocabilidad de las ayudas, asegurando que una vez que las explotaciones hayan sido abandonadas, la posibilidad de recuperarlas se torna prácticamente nula. Esta consideración afecta directamente a las decisiones que los agricultores deben tomar en un clima de incertidumbre, donde la falta de información proporciona un caldo de cultivo para la desconfianza hacia los organismos comprometidos con la protección del entorno natural.
El clamor de la Plataforma se hace eco de una crisis no solo agrícola, sino también medioambiental, al señalar que el consenso en torno al pacto de Doñana «está roto». En medio de este ambiente, se plantea una Proposición de Ley en el Parlamento Andaluz que busca recrear un marco legislativo que pueda salvar la situación. Mora sostiene que «la resistencia a ultranza es la única alternativa» ante las promesas incumplidas.
Mientras tanto, el Gobierno de España afirma que más del 40% de los 706 millones de euros destinados a la recuperación de la zona ya están en ejecución, y que estos esfuerzos no pueden ser desestimados. La disonancia entre ambas partes representa no solo un desafío para la política agraria, sino también un dilema para la salud de Doñana y su ecosistema frágil. La expectación se cierne sobre el futuro del pacto y la respuesta que se pueda dar a las necesidades de los regantes en esta crucial batalla entre la conservación y la agricultura.
La decisión de la Plataforma en Defensa de los Regadíos del Condado de Huelva de considerar abandonar el Pacto por Doñana refleja una crisis de confianza alarmante entre los agricultores y las autoridades responsables. Este desencanto no es solo un síntoma de insatisfacción ante las promesas incumplidas; es el resultado de un sistema que, en lugar de ofrecer soluciones viables, perpetúa la incertidumbre y el desasosiego en un sector vital para la economía andaluza. La crítica a la falta de inclusividad en las ayudas prometidas subraya una realidad ineludible: los regantes se sienten ignorados. En este contexto, la ruptura del pacto podría no ser solo un acto de rebeldía, sino un grito de auxilio que exige una atención urgente y un replanteamiento sobre cómo se gestiona la relación entre el desarrollo agrícola y la preservación del entorno natural.
Simultáneamente, el papel de la Junta de Andalucía y el Gobierno Central en este proceso debe ser analizado con rigor. La defensa de un diálogo «continuo y fluido» resulta vacía frente a la vivencia palpable de los agricultores, quienes se sienten desprotegidos y manipulados. Las palabras del delegado de la Junta contrastan con la realidad de un sector que no ve resueltas sus necesidades básicas. Tal situación plantea un dilema ético: ¿es posible equilibrar la protección del ecosistema de Doñana con las demandas de un sector agrario que aporta tanto a la economía local? Para salir de esta crisis, las administraciones deben explorar alternativas que integren efectivamente las voces de los regantes en la planificación de políticas, garantizando no solo la conservación del entorno, sino también el sustento de quienes dependen de él.
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