La reciente DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos) que azotó Andalucía ha dejado un rastro de destrucción, poniendo de relieve la vulnerabilidad de muchas comunidades que se encuentran en zonas inundables. En este contexto, la Junta de Andalucía ha iniciado un profundo análisis para encontrar soluciones efectivas y evitar que la historia se repita. La portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, ha manifestado la urgencia de este desafío durante una entrevista en Canal Sur Radio, en la que afirmó que se están llevando a cabo reuniones con diferentes ayuntamientos para abordar la situación de las viviendas situadas en estas áreas de riesgo.
“Lógicamente, los ciudadanos con viviendas en zonas inundables no quieren que se las derriben”, señaló España, enfatizando la importancia de tener en cuenta la perspectiva de los residentes. Sin embargo, la situación requiere un enfoque pragmático: «Debemos analizar zona por zona en cada provincia para dar una solución que priorice la seguridad de las personas y la sostenibilidad del territorio», añadió la consejera malagueña. Esta declaración marca un hito en la gestión de riesgos naturales en la región, donde se busca un equilibrio entre el desarrollo urbano y la conservación del medio ambiente.
El compromiso de la Junta no es nuevo. España recordó que la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (Lista) prohíbe la construcción en las zonas inundables, instando a los ayuntamientos a proceder con la declaración de estas áreas como rústicas. Esta medida no solo busca proteger el entorno natural, sino también prevenir futuros desastres que puedan poner en riesgo la vida de los ciudadanos. La relación entre el desarrollo urbano y la seguridad medioambiental se ha vuelto más relevante que nunca, obligando a las administraciones a revisar sus políticas urbanísticas.
Además de las medidas preventivas, la consejera de Economía anunció que el Gobierno andaluz movilizará 75 millones de euros para atender las necesidades emergentes causadas por la DANA. Estos fondos son imprescindibles para la recuperación de las áreas más afectadas, y se está trabajando estrechamente con Hacienda para localizar partidas no comprometidas que puedan destinarse a estas ayudas. “Nuestro objetivo es que estos recursos no vengan a costa de los presupuestos de otros departamentos”, subrayó España, reforzando así el compromiso del ejecutivo regional con la gestión eficiente de recursos en tiempos de crisis.
A medida que se llevan a cabo las evaluaciones de daños y se implementan soluciones, la Junta de Andalucía se enfrenta al reto crucial de educar a la población sobre los riesgos asociados a vivir en zonas inundables. Comunicar claramente cuáles son estas áreas y las implicaciones de residir en ellas se presenta como una necesidad apremiante. La conciencia y preparación ante desastres naturales son vitales para salvaguardar la vida y el bienestar de los andaluces, marcando así un paso hacia la resiliencia ante fenómenos meteorológicos cada vez más irregulares e impredecibles.
La reciente DANA que ha devastado Andalucía trae a la luz una problemática latente: la necesidad urgente de gestionar adecuadamente las zonas inundables. La Junta de Andalucía ha comenzado a actuar, pero es crucial que este análisis no se quede solo en intenciones. La declaración de Carolina España sobre el enfoque zona por zona es acertada, pero también revela una realidad inquietante: muchos ciudadanos no están dispuestos a sacrificar sus viviendas. Esto plantea un dilema moral y práctico que debe abordarse con seriedad. La vida y la seguridad de las personas no pueden quedar relegadas o ignoradas en favor del desarrollo urbano ciego y la especulación inmobiliaria.
A su vez, la movilización de 75 millones de euros y la implementación de la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía son pasos necesarios, pero insuficientes si no van acompañados de una labor educativa y comunicativa robusta. Los andaluces deben entender plenamente los riesgos de vivir en zonas inundables y cómo estos afectan no solo su propiedad, sino su seguridad y la de sus seres queridos. Educar sobre las implicaciones de residir en estas áreas es, por tanto, un deber ineludible que debe ir de la mano con las políticas de desarrollo y recuperación. Solo así, Andalucía podrá avanzar hacia un futuro más resiliente y seguro ante un cambio climático que ya está aquí.
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