El Juzgado de Instrucción número 3 de Granada ha convocado para este 14 de enero una declaración crucial al juez jubilado Manuel Piñar, conocido por su polémico fallo en el caso de Juana Rivas, quien fue condenada por sustracción de menores. Este acto se produce a raíz de una querella presentada por el abogado de Rivas, Carlos Aránguez, quien acusa a Piñar de presuntos delitos de atentado contra la intimidad y falso testimonio.
La controversia se centra en las alegaciones de que Manuel Piñar accedió a conversaciones privadas de un grupo de WhatsApp, donde figuraban periodistas y otros profesionales del ámbito legal. Según la querella, el juez utilizó esta información, supuestamente protegida por el derecho constitucional al secreto de las comunicaciones, para fundamentar una acción judicial contra Aránguez que se inició en septiembre de 2022. Este grupo de chat, al que solo se puede acceder mediante invitación, se creó para compartir información relevante sobre diversos casos legales, entre ellos el de Juana Rivas.
En su declaración como testigo, Piñar ofreció tres versiones diferentes sobre cómo obtuvo la información contenida en las conversaciones, lo que ha suscitado dudas sobre la veracidad de sus testimonios. En un primer momento, alegó haber recibido un sobre anónimo con las capturas de pantalla; luego, sostuvo que un periodista le había proporcionado la información, pero no reveló su nombre, algo que la querella considera inaceptable dado su deber de veracidad como testigo. En una tercera declaración, insinuó que las imágenes le fueron enviadas por correo electrónico.
El abogado de Rivas expresa su preocupación por las implicaciones de estas acusaciones, señalando que el juez Piñar, en durante su comparecencia, debía testificar con total honestidad. Asimismo, destaca que el acceso no consentido a estas conversaciones privadas podría constituir un grave atentado contra la intimidad de su cliente.
La situación judicial de Piñar se complica aún más por otro caso en su contra, que surgió en diciembre de 2023, donde se le procesó por la posible comisión de un delito de odio debido a comentarios despectivos hacia colectivos de migrantes y minorías étnicas en redes sociales. A pesar de negar haber realizado tales publicaciones, la combinación de ambos casos ha puesto al juez en el ojo del huracán mediático y judicial.
La declaración de este martes se perfila como un momento decisivo en el que se espera que el Juzgado de Instrucción arroje luz sobre la veracidad de las acusaciones contra Piñar. La comunidad legal y la sociedad en general estarán atentos a las revelaciones que puedan surgir de este proceso, que no solo afecta a los protagonistas directos, sino que también plantea serias cuestiones sobre la integridad del sistema judicial.
La citación del juez Manuel Piñar ante el Juzgado de Instrucción número 3 de Granada no es solo un capítulo más en el intrincado caso de Juana Rivas, sino un momento crucial que exalta la fragilidad de la confianza pública en el sistema judicial español. Las acusaciones de atentado contra la intimidad y falso testimonio suman una capa adicional de complejidad a un caso ya cargado de controversias. La posibilidad de que un juez, cuya labor debería fundamentarse en la imparcialidad y el respeto a la legislación, haya accedido a conversaciones privadas de un grupo de WhatsApp, plantea interrogantes penosos sobre la ética y la responsabilidad en el ejercicio de la función judicial. Las versiones contradictorias ofrecidas por Piñar, en torno a la obtención de información, no hacen más que añadir leña al fuego de la desconfianza en una figura que, en lugar de ser un pilar de justicia, podría haber intervenido en un contexto de presuntos abusos de poder.
Este episodio también actúa como un recordatorio doloroso de que el sistema judicial no está exento de fallos, manipulaciones o sesgos, especialmente cuando se encuentran involucrados temas tan delicados como la violencia de género y la custodia de menores. Sin duda, surge la necesidad de adoptar medidas más robustas y transparentes para proteger la integridad de los procesos judiciales y de sus protagonistas. Fomentar una cultura de rendición de cuentas y de ética profesional dentro del ámbito judicial no es solo un deber, sino una exigencia ciudadana. A medida que la sociedad observa con atención las consecuencias de este caso, es imperativo que se reflexione profundamente sobre el equilibrio entre el derecho a la privacidad y la transparencia en el ejercicio de la justicia, garantizando que jamás se repitan los errores del pasado en detrimento de la vida de las personas involucradas.
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