Chipiona, 21 de julio de 2025 – La plaza de las Américas de Chipiona se convirtió ayer en el epicentro de la preocupación medioambiental en Andalucía. Entre 1.000 y 1.500 personas, según estimaciones, se congregaron para protestar contra la amenaza que, según la plataforma «Salvemos el Guadalquivir», se cierne sobre el río Guadalquivir debido a los vertidos contaminantes de la minería industrial sevillana. La concentración, respaldada por los ayuntamientos de Chipiona, Trebujena, Coria del Río y Lebrija, así como por diversas asociaciones económicas y medioambientales del Bajo Guadalquivir, marca el inicio de una serie de movilizaciones destinadas a alertar sobre el «desastre medioambiental» que, según los organizadores, se avecina.
El fantasma de Aznalcóllar, aquel fatídico 1998 que tiñó de lodo tóxico el Guadiamar, planea sobre las conciencias. La plataforma ciudadana denuncia la inminente amenaza que representan los proyectos de reapertura de la mina de Aznalcóllar y la nueva mina subterránea de Cobre las Cruces. José Antonio Algarrada, portavoz de «Salvemos el Guadalquivir», advirtió durante la protesta que estos proyectos podrían provocar «vertidos de aguas tóxicas» que pondrían en jaque la salud del río y, por ende, la de toda la comunidad. La imagen de un Guadalquivir moribundo, ahogado en metales pesados, resonaba en las pancartas y en los gritos de los manifestantes.
La protesta no se limitó a la denuncia. La plataforma exige al Gobierno andaluz, liderado por Juanma Moreno, una moratoria inmediata de los vertidos mineros proyectados al Guadalquivir. Adicionalmente, solicitan el nombramiento de un comité científico independiente y de reconocido prestigio que evalúe la situación actual del estuario y determine los posibles impactos de dichos vertidos. Los manifestantes instan al gobierno a priorizar la salud del ecosistema y la seguridad de la población por encima de los intereses económicos de las empresas mineras. El clamor es unánime: «¡Guadalquivir vive, la minería destruye!».
El clamor de Chipiona, amplificado por la unión de municipios y asociaciones, no es solo un grito de alarma, sino un **síntoma de la miopía cortoplacista que a menudo guía las políticas de desarrollo económico en Andalucía**. Escuchar el eco de Aznalcóllar debería ser suficiente para paralizar cualquier proyecto que ponga en riesgo un ecosistema tan vital como el del Guadalquivir. La aparente disyuntiva entre empleo y medio ambiente es una falacia peligrosa. ¿Qué futuro les estamos legando a las generaciones venideras si, en aras de la ganancia inmediata, dilapidamos los recursos naturales que sustentan nuestra propia supervivencia?
La propuesta de una moratoria y la exigencia de un comité científico independiente son pasos esenciales, pero insuficientes. La verdadera solución reside en una revisión profunda del modelo de desarrollo regional, apostando por alternativas económicas sostenibles y respetuosas con el medio ambiente. No basta con «parar la máquina»; hay que construir una nueva, que priorice la salud del planeta y el bienestar de la comunidad por encima de los beneficios empresariales. El Guadalquivir no es un desagüe industrial; es el corazón de Andalucía, y urge protegerlo con la misma pasión y determinación con la que Chipiona alza su voz.
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