La bahía de Cádiz respira aliviada, al menos por ahora. Tras días de tensión y parálisis, la huelga indefinida en la industria auxiliar del metal, que ha mantenido en vilo a 31.000 trabajadores, ha sido desconvocada. El sindicato FICA UGT y la Federación de Empresarios del Metal de la Provincia de Cádiz (Femca) han llegado a un preacuerdo sobre el nuevo convenio colectivo que, según UGT, recoge «todas» sus peticiones. Sin embargo, la alegría no es unánime, ya que Comisiones Obreras (CCOO) ha vuelto a mostrar su desacuerdo, aunque reconoce «mejoras» gracias a su presencia en la mesa negociadora, y anuncia que combatirá judicialmente aquellos puntos que considere perjudiciales para los trabajadores.
El secretario general de FICA UGT en Cádiz, Antonio Montoro, se mostró visiblemente satisfecho tras «muchísimas horas de negociación», calificando el preacuerdo como un logro que traerá «estabilidad, progreso y trabajo» a la provincia. Entre los avances destacados, Montoro señaló la inclusión del IPC real, el aumento al 100% del complemento por tóxico penoso en 2030 y un protocolo para los fijos discontinuos. Estas concesiones, según el sindicato, justifican la desconvocatoria de la huelga y permiten retomar la actividad con normalidad.
La postura de CCOO, sin embargo, empaña la euforia general. Aunque el sindicato reconoce que el convenio «ha mejorado algo» gracias a la presión ejercida por sus delegados, considera que existen aspectos que vulneran los derechos de los trabajadores. Fuentes de CCOO han confirmado que están analizando minuciosamente el documento y que «no dudarán en recurrir a la vía judicial» para defender los intereses de sus afiliados. Esta amenaza de litigio añade un elemento de incertidumbre al futuro del convenio y anticipa una posible prolongación del conflicto en los tribunales. La división sindical, una vez más, se manifiesta en un sector clave para la economía gaditana, generando dudas sobre la estabilidad real que promete el preacuerdo. El tiempo dirá si la calma alcanzada es duradera o simplemente una tregua antes de una nueva batalla legal.
La desconvocatoria de la huelga del metal en Cádiz, celebrada a bombo y platillo por UGT y la patronal, deja un regusto amargo que trasciende la simple aritmética de los acuerdos laborales. Es comprensible el alivio en la bahía tras días de parálisis, pero la premura por desactivar el conflicto, con concesiones que parecen más cosméticas que sustanciales, plantea serias dudas sobre la calidad real de la victoria. ¿Es verdaderamente un triunfo para los trabajadores un convenio que dilata hasta 2030 la plena compensación por toxicidad, o se trata de una estrategia dilatoria para apaciguar los ánimos a corto plazo? La historia reciente del sector nos enseña que la paz social construida sobre cimientos endebles suele ser efímera y que las promesas incumplidas terminan por socavar la confianza en las instituciones y los agentes sociales.
La amenaza de CCOO de judicializar el acuerdo no es un mero gesto de disidencia, sino un síntoma de la profunda fractura que persiste en el seno del movimiento sindical gaditano. Mientras UGT se felicita por la «estabilidad», CCOO denuncia aspectos «lesivos» que, de confirmarse, podrían minar la ya precaria situación de miles de familias. La división sindical, lamentablemente habitual en este tipo de conflictos, debilita la capacidad negociadora de los trabajadores y ofrece una imagen preocupante de fragmentación ante la patronal. Sería deseable que, más allá de la confrontación en los tribunales, se abriera un espacio de diálogo sincero y constructivo entre los sindicatos para buscar soluciones que realmente beneficien a todos los trabajadores del sector, priorizando el largo plazo y la defensa de los derechos laborales por encima de los intereses partidistas o las estrategias cortoplacistas.
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