Málaga, 16 de octubre de 2025 – La ex consejera de Salud de la Junta de Andalucía, Catalina García, ha roto su silencio hoy en relación con la polémica surgida en torno al programa de detección precoz del cáncer de mama. Sus declaraciones llegan tras las duras críticas vertidas por la asociación Amama, que ha denunciado graves errores en la gestión del programa, errores que, según la asociación, provocaron retrasos significativos en pruebas diagnósticas complementarias para mujeres con resultados de mamografías «no concluyentes».
García, quien ostentó el cargo hasta julio de 2024, ha asegurado que «de haber sabido la magnitud de los fallos denunciados, se habrían solucionado de inmediato«. La ex consejera ha intentado matizar las acusaciones, señalando que las preocupaciones transmitidas por las asociaciones, entre las que ha destacado Amama, se referían a «retrasos en citas de seguimiento, posteriores a los tratamientos«, y no a las demoras en la realización de pruebas cruciales para el diagnóstico precoz, tal y como denuncia la asociación.
Sin embargo, fuentes de Amama han refutado categóricamente las declaraciones de García, insistiendo en que tanto ella como sus predecesores, Jesús Aguirre y Rocío Hernández, fueron informados de los retrasos en la realización de pruebas complementarias tras mamografías iniciales con resultados dudosos. «Advertimos reiteradamente de la situación«, señalan desde la asociación, «y alertamos sobre las posibles consecuencias para la salud de las mujeres afectadas».
La controversia ha generado una gran preocupación entre la población andaluza, especialmente entre las mujeres en edad de participar en el programa de detección precoz. La Junta de Andalucía, bajo la dirección del actual consejero de Salud, ha anunciado una investigación interna para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades pertinentes. El objetivo, según fuentes de la consejería, es «garantizar la eficacia y la calidad del programa, así como la seguridad y la tranquilidad de las mujeres andaluzas«. La sombra de la duda, sin embargo, planea sobre la gestión sanitaria en la comunidad autónoma.
Las declaraciones de Catalina García, intentando desviar la atención hacia «retrasos en citas de seguimiento» y no en las pruebas cruciales para el diagnóstico precoz, resultan, en el mejor de los casos, ingenuas, y en el peor, un insulto a la inteligencia de la ciudadanía. Resulta difícil creer que la ex consejera desconociera la magnitud de los problemas denunciados por Amama, especialmente cuando la asociación asegura haber advertido reiteradamente de la situación. El «si lo hubiera sabido…» suena a excusa vacía, una estrategia de defensa que no hace sino agravar la desconfianza en la gestión sanitaria andaluza y, sobre todo, en la capacidad de nuestros representantes para asumir responsabilidades cuando las cosas no se hacen bien. La salud de las mujeres no es un tema para tomar a la ligera ni para minimizar errores con declaraciones vagas.
Más allá de la defensa particular de la ex consejera, este episodio pone de manifiesto una problemática estructural que debe ser abordada con urgencia. No se trata solo de depurar responsabilidades, sino de analizar a fondo los protocolos y la gestión de los programas de detección precoz del cáncer de mama. La investigación interna anunciada por la Junta debe ser transparente y exhaustiva, llegando hasta el fondo de la cuestión para identificar las causas de los retrasos y garantizar que no se repitan. Es fundamental que la administración sanitaria escuche de verdad a las asociaciones de pacientes y a los profesionales sanitarios, integrando sus conocimientos y experiencias en la mejora continua del sistema. En definitiva, se requiere un compromiso real con la salud pública, que se traduzca en recursos adecuados, gestión eficiente y, sobre todo, en la transparencia y la rendición de cuentas que exige una sociedad democrática.
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