La jornada dominical en Écija, lejos de ser un remanso de paz para el PSOE-A, se ha convertido en el epicentro de la réplica política tras el escándalo que salpica a Santos Cerdán. María Jesús Montero, vicepresidenta del Gobierno y secretaria general del PSOE-A, no ha escatimado en palabras para expresar su «estupor» y «dolor» ante la presunta trama de corrupción que involucra al ex número tres socialista. La inauguración de una nueva Casa del Pueblo, que pretendía ser un símbolo de unidad y resiliencia, se vio inevitablemente eclipsada por la sombra de la controversia.
Montero, visiblemente afectada, defendió la rápida reacción de Pedro Sánchez, alabando su gesto de pedir perdón públicamente. Sin embargo, la líder andaluza fue contundente al afirmar que, aunque es imposible garantizar la ausencia total de corrupción en la política, el PSOE actuará con firmeza ante cualquier indicio. «Quien traiciona, será apartado», sentenció Montero, dejando claro que la tolerancia con la corrupción será cero. La ministra de Hacienda no ha querido avanzar los próximos pasos del partido, pero ha insistido en que se actuará con transparencia y rigor.
La respuesta de Montero no se limitó a la autocrítica. La vicepresidenta aprovechó la manifestación del PP en Málaga, encabezada por Alberto Núñez Feijóo y Juan Manuel Moreno, para exigir explicaciones sobre los casos de corrupción que planean sobre el partido popular. Montero acusó al PP de una falta de contundencia similar a la que han demostrado ante las acusaciones al alcalde de Estepona y la alcaldesa de Málaga, y de no haber destituido a los altos cargos del Gobierno andaluz implicados en las presuntas irregularidades en la contratación de la Consejería de Salud durante la pandemia.
Además, Montero lanzó una acusación directa al PP, insinuando que la formación popular podría haber tenido acceso al informe de la UCO antes de su divulgación oficial, lo que considera una grave filtración y una muestra de «policía patriótica». La vicepresidenta defendió la integridad del Estado de Derecho actual, contrastándola con prácticas del pasado donde, según Montero, se espiaba a los adversarios políticos y se filtraban informaciones perjudiciales. La tensión política en Andalucía, lejos de amainar, se recrudece con acusaciones cruzadas y la sombra de la corrupción planeando sobre ambos partidos.
La vehemencia de María Jesús Montero al clamar contra la «traición» tras el escándalo Cerdán, aunque comprensible dada su posición y la gravedad de las acusaciones, pone de manifiesto la profunda crisis de legitimidad que atraviesa el PSOE-A. Su rápida condena y el enfático «quien traiciona, será apartado» suenan a estrategia de control de daños más que a una convicción arraigada, especialmente cuando la ciudadanía observa con creciente escepticismo cómo los discursos de tolerancia cero a menudo se diluyen en la práctica. La pregunta que resuena en el electorado malagueño, y andaluz en general, es si esta contundencia se traducirá en acciones concretas y ejemplares, o si quedará en mera retórica para calmar las aguas turbulentas.
Sin embargo, la contraofensiva de Montero, acusando al PP de connivencia y de supuesta «policía patriótica», lejos de disipar las dudas sobre la integridad del PSOE, agrava aún más el clima de desconfianza generalizada en la clase política. Utilizar la estrategia del «y tú más» puede ser políticamente rentable a corto plazo, pero evidencia una preocupante falta de autocrítica y una incapacidad para asumir la responsabilidad que corresponde a cada partido en la lucha contra la corrupción. En Málaga, donde la sombra de la corrupción ha planeado sobre ambas formaciones, los ciudadanos demandan transparencia, rendición de cuentas y, sobre todo, un compromiso real y verificable con la ética pública, más allá de las acusaciones cruzadas y los discursos grandilocuentes.
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