El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha emitido una firme advertencia al Ayuntamiento de Carboneras, instando a su alcaldía a realizar modificaciones esenciales en el planeamiento urbanístico del municipio. Esta decisión se debe a que el Consistorio no ha acatado una sentencia que exige la clasificación de terrenos en las zonas de El Canillar y El Algarrobico como «no urbanizables», a pesar de la controversia levantada en torno al conocido hotel de Azata, un proyecto que ha suscitado críticas tanto de ecologistas como de autoridades locales.
El tribunal, a través de una providencia consultada por Europa Press, ha pedido que se libre un oficio «urgente» al alcalde, Salvador Hernández, para que implemente inmediatamente los cambios necesarios en el Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU). Estos cambios fueron exigidos tras las alegaciones de Greenpeace y la Junta de Andalucía al informe técnico del municipio, presentado en agosto. La magistrada María del Mar Jiménez Morera ha subrayado la necesidad de que el alcalde rinda cuentas “cada diez días” sobre las actuaciones y decisiones que tome respecto a esta cuestión.
Este nuevo requerimiento del TSJA no solo es un llamado a la acción, sino también una advertencia seria. La magistrada advierte que cualquier «dilación no justificada» en la ejecución de estas órdenes podría resultar en la imposición de multas coercitivas y en la posibilidad de remitir el caso a la Fiscalía, evaluando así responsabilidades penales del alcalde. Esta no es la primera vez que el tribunal insiste en que se cumpla la sentencia, poniendo de relieve un ambiente cada vez más tenso entre el Ayuntamiento y el poder judicial.
En el fondo de la disputa está la necesidad de revocar la clasificación de El Canillar como suelo urbanizable vigente, un punto de divergencia subrayado por las organizaciones ecologistas. Las exigencias del TSJA incluyen también la publicación de la normativa urbanística corregida en los medios oficiales, ya que el Ayuntamiento ha sido acusado de limitarse a integrar la sentencia en el planeamiento sin darla la debida publicidad, eludiendo así la transparencia y el cumplimiento normativo.
La reacción de Greenpeace ha sido contundente, calificando la actitud del alcalde de Carboneras como “inaudita” y criticando el tiempo transcurrido desde la sentencia inicial, que ya ha marcado ocho años de espera y fue reafirmada por el Tribunal Supremo. A medida que las tensiones aumentan, la presión sobre el Ayuntamiento se intensifica, y la comunidad se encuentra expectante ante los próximos pasos que tomará el alcalde en cumplimiento de estas exigencias judiciales.
En este contexto, la situación en Carboneras es un claro ejemplo de la lucha entre el desarrollo urbano y la preservación del medio ambiente, un conflicto que resuena en toda Andalucía y que pone a prueba la capacidad de las instituciones para mediar entre intereses dispares en un entorno de creciente preocupación ecologista.
La reciente intervención del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en el caso del Ayuntamiento de Carboneras nos ofrece una radiografía clara de las tensiones que surgen cuando el deseo de urbanización se impone sobre la protección del medio ambiente. La desobediencia que el alcalde, Salvador Hernández, ha mostrado ante las sentencias judiciales refleja una preocupante falta de respeto hacia el marco normativo y el principio de transparencia. Es inaceptable que un municipio se tarde años en acatar un fallo que busca salvaguardar el entorno natural, como es el caso de la clasificación de terrenos en El Canillar y El Algarrobico. El tiempo de espera, marcado por la apatía del Consistorio, no solo pone en jaque la imagen del Ayuntamiento, sino que además resuena como un eco de la crisis ambiental que vive Andalucía, donde los intereses privados parecen prevalecer sobre el bien común.
La advertencia del TSJA es clara: la dilación en la implementación de los cambios necesarios podría acarrear consecuencias graves, incluyendo multas y la posible intervención de la Fiscalía. Este es un dado que debe ser tomado con seriedad no solo por el alcalde, sino también por toda la comunidad. La presión de organizaciones como Greenpeace, que han señalado la actitud del alcalde como “inaudita”, apunta a un malestar creciente entre los ciudadanos que demandan un equilibrio urgente entre desarrollo y sostenibilidad. Si los líderes locales no son capaces de actuar dentro del marco judicial y adaptarse a las exigencias de la sociedad contemporánea, corremos el riesgo de perpetuar un modelo de crecimiento que erosiona nuestros recursos naturales. La próxima actuación del alcalde es crucial; debe imperar la responsabilidad sobre los intereses particulares y responder de manera eficaz a las necesidades de su ciudadanía.
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