En un otoño que amenazaba con traer vientos de calma al Parque Nacional de Doñana, un rayo ha caído desde Madrid. El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) ha encendido la mecha de una nueva disputa con la Junta de Andalucía al aprobar un deslinde de 118.772 metros cuadrados en el entorno de Doñana, una decisión que ha sido tildada de «unilateral» y «falta de respeto» por la administración autonómica y varios ayuntamientos afectados. Este movimiento, publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), implica que una extensa franja de terreno entre Hinojos, Almonte y Aznalcázar pasará a ser considerada dominio público marítimo-terrestre, escapando así del control de la Junta y quedando bajo la égida del MITECO.
La jugada maestra del Gobierno central ha pillado con el pie cambiado a la Junta. Lo que hasta ahora parecía un oasis de entendimiento, forjado a través del llamado Pacto de Doñana, se tambalea ante una decisión que desde San Telmo se percibe como una invasión de competencias y un desafío a la autonomía andaluza. La Junta de Andalucía, junto con el Ayuntamiento de Almonte, claman contra la «unilateralidad» del Estado, insistiendo en que se está tratando como zona marítima un área de carácter fluvial. Este pulso se produce en un momento clave, en pleno debate sobre el reparto de las ansiadas ayudas a los agricultores para la renaturalización de los cultivos, una inversión crucial para el futuro sostenible de la comarca.
El Consejo de Participación de Doñana, un órgano consultivo donde convergen diversas administraciones e instituciones implicadas en la gestión del parque, ha emitido un informe desfavorable a la medida, argumentando que «no se ajusta a criterios técnicos». Esta rotunda oposición ha sido celebrada por WWF, que se suma a las voces críticas que cuestionan la idoneidad del deslinde. La controversia ha escalado a tal punto que Enrique Mateos, presidente del Consejo de Participación, ha anunciado que elevará una queja formal al Ministerio por «no haber tenido en cuenta en la orden el informe preceptivo del propio Consejo».
El Gobierno central, defendiendo su postura, argumenta que el deslinde busca «blindar la preservación del territorio», tal y como ha expresado Hugo Morán, secretario de Estado de Medio Ambiente. Desde el MITECO se insiste en que esta medida es una obligación legal para deslindar la totalidad del litoral, garantizando así la protección pública y ambiental del espacio. Sin embargo, esta justificación no convence a la Junta, que considera que el Gobierno central está excediendo sus competencias y poniendo en riesgo la gestión autonómica de un espacio natural de incalculable valor.
Tras la publicación del deslinde en el BOE, se abre un periodo para la presentación de recursos, y la Junta de Andalucía ya prepara su ofensiva legal. Los servicios jurídicos de la Consejería de Medio Ambiente y Sostenibilidad trabajan a contrarreloj en un recurso que denuncie «errores tanto técnicos como jurídicos» en la decisión del Gobierno central. Además, la administración autonómica insiste en que la tramitación se ha realizado «sin consenso y sin respeto» al informe preceptivo del Consejo de Participación.
El viceconsejero Sergio Arjona ha manifestado su incomprensión ante la publicación en el BOE sin esperar el parecer del Consejo, cuando la legislación exige su consulta en procedimientos que afectan de manera tan directa a un espacio natural protegido como Doñana. La incertidumbre se cierne sobre el futuro de este enclave único, mientras la pugna entre el Gobierno central y la Junta de Andalucía amenaza con socavar la estabilidad y la cooperación necesarias para la conservación de Doñana. La batalla legal está servida, y el resultado de este enfrentamiento determinará el rumbo del parque nacional en los próximos años.
El enésimo choque entre administraciones por Doñana no es solo un rifirrafe político, sino la triste constatación de que la conservación de un patrimonio natural invaluable se convierte, una vez más, en moneda de cambio. El deslinde unilateral del MITECO, aunque justificado en la necesidad de proteger el dominio público marítimo-terrestre, llega en un momento particularmente delicado, dinamitando la precaria confianza construida en torno al «Pacto de Doñana». Esta acción, más allá de la legalidad, evidencia una falta de sensibilidad política y una incapacidad para comprender las dinámicas complejas que sustentan la gestión de un espacio tan sensible. ¿Acaso no es posible priorizar la protección ambiental sin avasallar la autonomía regional y sin ignorar la voz de los actores locales que, día a día, luchan por el futuro de Doñana?
Más allá de la confrontación partidista, lo preocupante es que esta batalla legal pone en riesgo la implementación efectiva de políticas de sostenibilidad en la zona. Mientras la Junta de Andalucía y el Gobierno central se enzarzan en disputas competenciales, la renaturalización de los cultivos y la necesaria inversión en un modelo agrícola más respetuoso con el entorno se ven amenazadas por la incertidumbre jurídica. El Consejo de Participación, con su informe desfavorable, ha alertado sobre los errores técnicos del deslinde, pero la sordera institucional parece ser el pan nuestro de cada día. ¿Cuántos episodios de este tipo necesitamos para entender que la salvación de Doñana requiere de un diálogo honesto, de una visión a largo plazo y de un compromiso real con la protección del medio ambiente, por encima de intereses políticos o económicos? La respuesta, desgraciadamente, aún está por verse.
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