El reciente acuerdo entre el Gobierno de España y el Ejecutivo canario para el traslado «extraordinario y puntual» de 4.000 menores migrantes no acompañados desde Canarias y otros 400 desde Ceuta ha reavivado el debate sobre la política migratoria en el país. En una reunión celebrada el pasado jueves entre la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, y el presidente del Archipiélago, Fernando Clavijo, se definieron los criterios para esta medida, que aún está lejos de ser definitiva ya que deberá pasar por la evaluación del Congreso de los Diputados.
La propuesta, que en la práctica se asemeja a los criterios establecidos en 2022, se centra en variables como la población, la renta per cápita, el desempleo y el esfuerzo realizado en la acogida. Sin embargo, esta decisión ha suscitado duras críticas por parte de la Consejera de Economía y portavoz de la Junta de Andalucía, Carolina España, quien ha calificado la política migratoria de Pedro Sánchez como «miserable». España subraya que “no participarán ni Cataluña ni el País Vasco”, lo que genera descontento y desconfianza entre diferentes comunidades autónomas que sienten que están asumiendo una carga desproporcionada en la atención a estos menores.
La voz de la crítica no se limita a los líderes andaluces. Tanto el Partido Popular como Vox han adelantado su negativa a la propuesta, dejando el futuro del acuerdo en una situación incierta. En este contexto, la portavoz de la Junta ha señalado que «una vez más vemos cómo Sánchez utiliza a los más vulnerables» como herramienta política, lo que ha avivado un clima de tensión política y social en torno a la gestión de la migración en España.
En medio de esta controversia, la Junta de Andalucía ha solicitado al Gobierno central cerca de 17 millones de euros para poder seguir ofreciendo una atención digna a 567 menores que, según la administración andaluza, llegaron a la región como adultos. «Si no se atienden nuestras demandas, recurriremos a la vía judicial», ha avisado España, dejando claro que Andalucía espera una responsabilidad plena por parte del Estado en la atención de este grupo vulnerable.
El presidente andaluz, Juan Manuel Moreno, ha enfatizado la necesidad de «coordinación, planificación y liderazgo» en la gestión de la migración, sugiriendo que se debe establecer un reglamento que permita una migración «regulada, organizada y planificada». La situación de los menores migrantes no acompañados no solo es una cuestión administrativa, sino que también toca fibras sensibles en la sociedad española, donde la compasión y la solidaridad suelen ser valores predominantes. Este nuevo capítulo en la política migratoria podría marcar un antes y un después en cómo España aborda el desafío de la migración, en un contexto donde cada decisión puede tener repercusiones significativas en la vida de miles de jóvenes que buscan un futuro mejor.
El reciente traslado de 4.000 menores migrantes no acompañados desde Canarias y Ceuta no solo reaviva el debate en torno a las políticas migratorias en España, sino que también expone la falta de un verdadero liderazgo y coordinación por parte del Gobierno central. Las declaraciones de la Consejera de Economía de la Junta de Andalucía, quien califica la política migratoria de Pedro Sánchez como «miserable», son un reflejo de una gestión que parece más centrada en evitar la disidencia política que en ofrecer soluciones duraderas y humanitarias. La decisión de excluir a comunidades como Cataluña y el País Vasco, que tradicionalmente han significado una carga menor en el contexto migratorio, subraya un enfoque fragmentado que ignora las implicaciones éticas y sociales de esta crisis. Si realmente deseamos una migración que sea «regulada, organizada y planificada», como propone el presidente andaluz, es imperativo que el Gobierno central asuma su responsabilidad de manera equitativa y clara, evitando que la política se imponga sobre los derechos humanos de los más vulnerables.
Sin embargo, no todo está perdido. La disconformidad expresada por diversos actores políticos y sociales puede ser el primer paso hacia la creación de un marco más sólido y justo para la migración en España. La propuesta de la Junta de Andalucía de demandar un apoyo financiero adecuado para atender las necesidades de estos menores debería ser el catalizador para un diálogo constructivo entre comunidades autónomas y el Estado. En la búsqueda de soluciones efectivas, es fundamental que las administraciones se unan en un esfuerzo mancomunado que trascienda las rivalidades políticas. La gestión de la migración debe ser, ante todo, una prioridad en la que la compasión y la solidaridad prevalezcan por encima del cálculo político. Solo así podremos garantizar un futuro mejor para aquellos jóvenes que buscan en España una segunda oportunidad.
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