La polémica en torno a los fallos en los programas de detección precoz del cáncer de mama en Andalucía ha escalado hasta el Congreso de los Diputados, convirtiéndose en un punto central del debate político nacional. Lo que comenzó como una serie de denuncias sobre retrasos en las pruebas y comunicaciones de resultados, ha terminado por convertirse en un arma arrojadiza entre el Gobierno central y la Junta de Andalucía, con acusaciones cruzadas sobre la gestión de la sanidad pública y la priorización de intereses privados.
La sesión de control al Gobierno fue el escenario donde el presidente Pedro Sánchez aprovechó para cargar contra Alberto Núñez Feijóo, líder de la oposición, cuestionando su silencio ante lo que considera una grave negligencia por parte del ejecutivo andaluz. Sánchez fue especialmente crítico con las declaraciones iniciales del presidente Juanma Moreno, quien atribuyó la falta de información a las pacientes a una supuesta estrategia para evitar alarmas innecesarias. Una explicación que, lejos de calmar los ánimos, incendió aún más la pradera.
El Hospital Virgen del Rocío de Sevilla se ha convertido en el símbolo de esta crisis, con testimonios desgarradores de mujeres que esperaron durante meses, incluso más de un año, para recibir información sobre lesiones detectadas en sus pruebas de cribado. Este retraso, según denuncian afectadas y colectivos sanitarios, ha podido tener consecuencias devastadoras en algunos casos, al demorar el inicio de tratamientos oncológicos y reducir las posibilidades de éxito. La Consejería de Salud, ahora liderada por un nuevo titular tras la dimisión de su predecesora, se enfrenta a una presión implacable para esclarecer lo sucedido y depurar responsabilidades.
La crisis de los cribados llega en un momento especialmente delicado para la política andaluza, con las elecciones autonómicas de 2026 en el horizonte. El Partido Popular, que gobierna la región, se enfrenta a su primer gran desafío electoral tras una legislatura marcada por la gestión de la pandemia y la recuperación económica. La oposición, por su parte, ve en esta crisis una oportunidad para desgastar al gobierno de Moreno y movilizar a un electorado cada vez más preocupado por el estado de la sanidad pública.
Más allá de las disputas políticas, lo cierto es que la crisis de los cribados ha puesto en evidencia la necesidad de revisar y fortalecer los programas de detección precoz del cáncer de mama en Andalucía. La salud de las mujeres andaluzas, y la confianza en un sistema sanitario que debe protegerlas, están en juego.
La politización exacerbada de la crisis en los cribados de cáncer de mama en Andalucía es, lamentablemente, el síntoma de una enfermedad aún más grave: la utilización de la salud pública como arma arrojadiza en el campo de batalla político. Mientras el Gobierno central y la Junta de Andalucía se enzarzan en un cruce de acusaciones, la realidad palpable es el sufrimiento y la incertidumbre de miles de mujeres que han visto comprometida su salud y la tranquilidad de sus familias. Es indispensable exigir responsabilidades, sí, pero también es prioritario despojar este debate de partidismos y centrarse en la resolución urgente de los problemas, invirtiendo en recursos y garantizando la eficiencia de los programas de detección precoz. No podemos permitir que la salud de las andaluzas se convierta en un mero peón en el tablero político.
Más allá de la inevitable tormenta política, esta crisis debe servir como un punto de inflexión para replantear el modelo de gestión sanitaria en Andalucía. La dimisión de la anterior Consejera de Salud es un primer paso, pero insuficiente. Se necesita una auditoría exhaustiva de los protocolos y recursos destinados a los cribados, así como una mayor transparencia en la comunicación con las pacientes. Urge también fortalecer la atención primaria, verdadero pilar del sistema sanitario y clave para garantizar la accesibilidad a la detección precoz. Si el Partido Popular quiere realmente recuperar la confianza de la ciudadanía, debe demostrar con hechos, y no solo con palabras, que la salud pública es una prioridad absoluta y no una mera variable económica o política.
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