La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir ha emitido una preocupante declaración para los regantes andaluces, al mantener la alerta sobre las reservas de agua disponibles para riego. A pesar de las recientes lluvias que han caído en algunas localidades, la situación del agua es crítica y no permite vislumbrar esperanzas de un desembalse similar al del año anterior, que había sido considerado uno de los mejores en los últimos años.
Durante la reunió de la comisión de desembalse, celebrada este martes, el presidente Joaquín Páez destacó que, si no continúan las precipitaciones intensas, se prevé que la restricción de agua para el regadío en provincias como Sevilla, Huelva, Jaén, Córdoba o Granada alcance un alarmante 70%. Esta cifra se asemeja a la registrada en 2022, año en que los campos también sufrieron severos recortes en el recurso vital para su producción.
El déficit hídrico en la región se acentúa por precipitaciones desiguales que han traído alivio en ciertos lugares, pero han dejado otros con niveles de agua muy por debajo de la media. En este sentido, a pesar de que el acceso al agua potable está garantizado durante cinco años, gracias al 45% de reservas actuales, la situación para el riego es desalentadora. Con un volumen de agua en el Sistema de Regulación General que solo alcanza el 33%, las áreas más afectadas son las de Jaén y Granada, donde las expectativas son sombrías.
El déficit acumulado respecto a los últimos 25 años se sitúa en un alarmante 1.100 hectómetros cúbicos, lo que refleja la difícil realidad que enfrentan los agricultores andaluces. Según estimaciones de expertos en la materia, si no se produce un cambio significativo en la meteorología, la restricción podría permanecer en niveles críticos, alcanzando potencialmente una reducción del 70%, lo que significaría solo 2.000 metros cúbicos por hectárea para los cultivos.
Las proyecciones no son optimistas, y aunque se reconoce la posibilidad de una leve mejora si las lluvias continúan, las cifras mínimas necesarias para revertir la situación del riego son abrumadoras. Al menos 400 hectómetros cúbicos adicionales son necesarios para contar con la dotación de agua del pasado ejercicio, que ya se considera casi un sueño inalcanzable.
Desde la Unión de Pequeños Agricultores (UPA), se urge a la administración a actuar con rapidez. Se ha subrayado la necesidad inmediata de realizar obras pendientes en el sistema de regulación general, siendo vital la construcción de infraestructuras como la Presa de San Calixto o el recrecimiento del embalse del Agrio para poder afrontar futuras temporadas de sequía con un poco más de garantía.
En conclusión, la situación de los campos andaluces que dependen del Guadalquivir se encuentra en un punto crítico, obligando a los regantes a afrontar incertidumbres y restricciones en un entorno que, a corto plazo, no parece ofrecer soluciones inmediatas. Con la expectativa de un clima cambiante, solo el tiempo dirá si las lluvias de esta temporada serán suficientes para suavizar una crisis que se avecina.
La situación actual del campo andaluz es un claro reflejo de la **falta de planificación y de respuesta ante la crisis climática** que estamos viviendo. Las restricciones en el desembalse de agua establecidas por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir ponen en evidencia la precariedad en la que se encuentran los agricultores, que dependen de un recurso vital y limitado. La administración debe asumir **su responsabilidad** para abordar de forma proactiva la sequía y sus efectos, implementando no solo **infraestructuras adecuadas**, como la Presa de San Calixto, sino también estrategias sostenibles a largo plazo que permitan maximizar el uso del agua en la agricultura y fomentar prácticas de riego más eficientes. La incertidumbre que rodea a la producción agrícola en Andalucía no puede resolverse con parches temporales, sino que exige un compromiso serio por parte de las autoridades.
Sin embargo, no todo es pesimismo. El hecho de que las reservas actuales de agua potable estén garantizadas por cinco años sugiere que hay recursos que, con una gestión adecuada, podrían ser canalizados para mitigar el impacto de la sequía en las cosechas. La colaboración entre gobiernos, sector agrícola y comunidades locales puede generar un **cambio significativo** en la manera en que se llevan a cabo las políticas hídricas. No se trata de esperar a que la naturaleza nos provea, sino de **tomar la iniciativa** y establecer un nuevo paradigma que priorice la sostenibilidad frente a la explotación. La clave está en reconocer que el agua es un recurso finito; debemos actuar en consecuencia y asegurar el futuro de la agricultura andaluza en un entorno cada vez más incierto.
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