La sanidad andaluza se encuentra en el ojo del huracán. El descubrimiento de graves retrasos y fallos en el programa de cribado de cáncer de mama ha desatado una tormenta política y social de proporciones épicas. El Parlamento andaluz se ha convertido en un campo de batalla donde la oposición exige responsabilidades, mientras que el Partido Popular, con su mayoría absoluta, intenta contener la crisis. La pregunta que resuena en cada rincón de Andalucía es escalofriante: ¿cuántas mujeres se han visto perjudicadas por esta negligencia?
Los partidos de la oposición, unidos en su indignación, han intentado impulsar comisiones de investigación para esclarecer los hechos. Sin embargo, la mayoría absoluta del PP ha frenado estas iniciativas, generando una ola de críticas y acusaciones de opacidad. La izquierda andaluza, liderada por Adelante Andalucía, Por Andalucía y el PSOE, exige que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, «dé la cara» y explique lo sucedido ante el Parlamento. Mientras tanto, Vox ha presentado su propia propuesta de comisión, aunque ha dejado claro que no apoyará la de la izquierda, añadiendo más tensión al panorama político.
La Consejería de Salud y Consumo intentó minimizar inicialmente el problema, reduciéndolo a «dos o tres casos». Sin embargo, la presión mediática y los testimonios desgarradores de mujeres afectadas obligaron a la Junta a rectificar y contactar con 2.000 mujeres que obtuvieron resultados «no concluyentes» en los últimos tres años. La pregunta que se hacen ahora los andaluces es, ¿por qué tardaron tanto en reaccionar?. El caso ha llegado a los tribunales a través de diferentes denuncias, incluyendo la de Izquierda Unida ante la Fiscalía General del Estado. ¿Podría esto significar el inicio de una serie de querellas contra los responsables? Solo el tiempo lo dirá.
El escándalo que sacude los cribados de cáncer de mama en Andalucía no es solo una crisis sanitaria, es un síntoma de la peligrosa complacencia que a menudo acompaña a las mayorías absolutas. Si bien es comprensible que la Junta intente minimizar el impacto de una situación tan delicada, la tardanza en reconocer la magnitud del problema y la inicial minimización a «dos o tres casos» resulta indignante. No se trata de buscar culpables a la ligera, sino de garantizar la transparencia y la rendición de cuentas. La salud pública no puede ser moneda de cambio en el juego político, y el bloqueo de las comisiones de investigación solo alimenta la desconfianza ciudadana y la sospecha de que hay algo que ocultar. Más allá de los números, detrás de cada retraso, de cada «resultado no concluyente», hay una mujer, una familia, viviendo en la angustia de la incertidumbre.
La situación exige una reflexión profunda sobre la gestión de los recursos sanitarios en Andalucía. No basta con contactar a las 2.000 mujeres afectadas; es necesario revisar los protocolos de cribado, invertir en personal y tecnología, y establecer mecanismos de control que eviten que este tipo de errores se repitan. ¿Es aceptable que la respuesta a un problema de esta envergadura llegue tras la presión mediática y los testimonios de las afectadas? La respuesta es, sin duda, un rotundo no. El Partido Popular tiene ahora la oportunidad de demostrar que su compromiso con la salud de los andaluces va más allá de la retórica política. Abriendo una investigación transparente, asumiendo responsabilidades y adoptando medidas correctivas contundentes, se podría empezar a restaurar la confianza perdida. El silencio o la justificación no son una opción.
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