La polémica ha estallado en el Parlamento andaluz, donde la comisión de control de la RTVA ha rechazado una Proposición No de Ley (PNL) presentada por Por Andalucía. La propuesta buscaba que Canal Sur excluyera de su programación a presentadores con deudas con la Agencia Tributaria, poniendo el foco en Bertín Osborne. La iniciativa, que pretendía instar al director general de la RTVA a «acabar de inmediato con la presencia» del presentador en la cadena, ha sido desestimada con los votos en contra de PP-A y Vox, mientras que el PSOE-A la ha respaldado.
La argumentación de Por Andalucía se centró en la inclusión de Bertín Osborne en la «lista de la vergüenza fiscal», con una deuda que superaría los 865.000 euros. El parlamentario José Manuel Gómez incluso recordó la condena previa del presentador por alzamiento de bienes y fraude fiscal, además de su aparición en los «papeles de Panamá». Para Por Andalucía, resulta incongruente que un «defraudador» de la Hacienda pública reciba dinero público a través de un contrato con la televisión autonómica. La formación política consideraba imperativo «acabar con la relación contractual» entre Canal Sur y el programa ‘El show de Bertín’.
La réplica del PP-A, en voz de la diputada Virginia Pérez, defendió la legalidad de la contratación del programa de Bertín Osborne, argumentando que los servicios jurídicos de Canal Sur conocen y aplican la ley. Si bien, Pérez manifestó que la PNL parecía «cargada de odio», «sin recelo ni persecución a personas» concretas, «podríamos haber encontrado algún acuerdo», refiriéndose al grupo proponente con un «odio cainita». Desde el PSOE-A, Verónica Pérez lamentó que la RTVA se haya convertido en un «instrumento al servicio» del PP, con una «manipulación permanente» en los informativos y la programación de entretenimiento.
Más allá de la votación, la polémica ha reabierto un debate de calado sobre la ética en la televisión pública. ¿Debe Canal Sur vetar a profesionales que mantengan deudas con Hacienda, independientemente de su talento o popularidad? ¿Prima la libertad de expresión y el derecho al trabajo, o la responsabilidad fiscal y la imagen de una televisión pública que debe ser ejemplar? Estas son algunas de las preguntas que surgen tras el rechazo de la PNL, y que previsiblemente seguirán generando controversia en los próximos meses. La decisión del Parlamento andaluz no solo afecta al futuro de Bertín Osborne en Canal Sur, sino que también plantea serias dudas sobre los criterios de contratación y los valores que deben regir la programación de la televisión autonómica.
La negativa del Parlamento andaluz a vetar a presentadores con deudas a Hacienda en Canal Sur, ejemplificada en el caso de Bertín Osborne, pone de manifiesto una peligrosa relativización de la ética fiscal en la esfera pública. Más allá de la defensa de la legalidad en la contratación, como argumenta el PP-A, se diluye la responsabilidad social que debería exigir una televisión autonómica. Permitir que figuras con un historial de deudas y evasión fiscal representen a una institución financiada con el dinero de todos los andaluces, envía un mensaje desolador y contraproducente, que mina la confianza de la ciudadanía en sus instituciones y en la igualdad ante la ley.
El argumento de la «libertad de expresión» esgrimido para justificar la continuidad de Bertín Osborne en Canal Sur resulta falaz. No se trata de censurar ideas, sino de exigir un comportamiento ejemplar a quienes reciben fondos públicos. La RTVA no está obligada a contratar a un defraudador, por muy popular que sea. La decisión del Parlamento no solo perpetúa una injusticia, sino que también legitima una cultura de permisividad con la evasión fiscal, un problema endémico en nuestro país que requiere, precisamente, del compromiso y la ejemplaridad de las instituciones públicas para su erradicación.
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