La sombra de la sospecha se cierne sobre el servicio de transporte escolar en la provincia de Cádiz. La Fiscalía ha puesto en marcha una investigación exhaustiva tras la denuncia presentada por la propia Agencia Pública de Educación (APAE), dependiente de la Junta de Andalucía, al detectar un «llamativo incremento» en el presupuesto destinado a este servicio durante el curso 2022-2023. Las alarmas saltaron al descubrirse posibles irregularidades en la facturación por parte de una empresa privada contratada para el transporte de los alumnos gaditanos, poniendo en tela de juicio la transparencia en la gestión de los fondos públicos.
Las pesquisas iniciales apuntan a un posible entramado de facturas duplicadas y pagos indebidos, que habrían inflado artificialmente el coste del servicio. Según las primeras informaciones, la trama afectaría a diversas rutas escolares en la provincia, incluyendo algunas en la localidad de Chiclana. Se investiga si los servicios fueron prestados una única vez, pero facturados repetidamente bajo diferentes expedientes con la misma empresa. Una práctica fraudulenta que habría causado un agujero de 351.396 euros en las arcas públicas.
La APAE actuó con celeridad al detectar las anomalías, abriendo diligencias preliminares en mayo de 2023. Como medida cautelar, un trabajador fue suspendido de empleo y sueldo. Tras una investigación interna, en noviembre de ese mismo año, el empleado fue despedido tras incoársele un expediente disciplinario por faltas muy graves. La Agencia Pública de Educación no se detuvo ahí. Puso en conocimiento del caso a la Intervención General de la Junta, quien a su vez, ante los evidentes indicios de delito, trasladó el asunto a la Fiscalía. Paralelamente, la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) ha sido requerida para colaborar en la investigación, aportando su experiencia en la detección de delitos económicos.
La Junta de Andalucía, por su parte, insiste en que fue la propia administración la que detectó las irregularidades, destacando la transparencia y la contundencia con la que se ha actuado. Sin embargo, la oposición no ha tardado en alzar la voz. La portavoz socialista, María Márquez, ha exigido explicaciones al presidente andaluz, Juanma Moreno, y ha denunciado un nuevo escándalo que, según sus palabras, avergüenza a la comunidad. La consejera portavoz, Carolina España, ha respondido defendiendo la actuación de la Junta y negando que la investigación haya sido impulsada por la Fiscalía, sino por la propia APAE. El debate político está servido, mientras la Justicia sigue su curso para esclarecer este presunto caso de corrupción que salpica al transporte escolar de Cádiz. A la cantidad defraudada, 351.396 euros, se suman otros 25.235 euros reclamados al trabajador despedido, correspondientes al período de suspensión de empleo y sueldo.
El presunto fraude en el transporte escolar de Cádiz, que asciende a más de 350.000 euros, es un claro reflejo de la urgente necesidad de reforzar los mecanismos de control y transparencia en la gestión de los fondos públicos destinados a servicios esenciales. Si bien la Junta de Andalucía presume de haber detectado las irregularidades, resulta inevitable preguntarse cómo pudo llegar a producirse tal desfalco sin que saltaran las alarmas antes. El «llamativo incremento» en el presupuesto, como señala la noticia, debió encender las alertas de manera inmediata. La defensa de la administración, que se centra en la rápida actuación posterior, suena a excusa y no exime de responsabilidades en la supervisión previa. El caso del empleado despedido, al que se le reclaman además los salarios del periodo de suspensión, deja entrever que este individuo podría ser el chivo expiatorio de un problema mucho más profundo y extendido.
Más allá de las responsabilidades individuales, este escándalo pone de manifiesto la fragilidad del sistema de contratación pública y la facilidad con la que ciertas empresas pueden aprovecharse de las debilidades del mismo. Es imprescindible revisar los criterios de adjudicación de contratos, fortalecer la labor de la Intervención General y garantizar una mayor participación ciudadana en el control de los gastos. De lo contrario, casos como este seguirán minando la confianza de la ciudadanía en las instituciones y alimentando la sospecha de que el dinero público no siempre se destina a lo que realmente importa: el bienestar de la comunidad y, en este caso, la seguridad y el acceso a la educación de nuestros niños.
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