La Sección Tercera de la Audiencia ha emitido una sentencia que reaviva uno de los casos más sonados en la historia de la corrupción en Andalucía. En una decisión que ha sorprendido a muchos, han absuelto al exconsejero de Empleo Antonio Fernández, al exviceconsejero Agustín Barberá, y al exdirector general de Trabajo Juan Márquez de los cargos relacionados con la concesión de 2,3 millones de euros en ayudas a las empresas Surcolor y Surcolor Óptica. Dichas ayudas estaban destinadas a indemnizaciones por despido de 24 empleados y dos personas ajenas a la plantilla, en el marco del escándalo de los ERE fraudulentos.
La sentencia fue emitida el pasado 7 de enero de 2025 y se deriva del juicio efectuado el pasado noviembre, dentro de una pieza separada de la macrocausa que ha sacudido Andalucía desde su descubrimiento. El tribunal ha justificado su decisión en la existencia de “cosa juzgada”, dado que estos tres ex altos cargos ya habían sido condenados en una pieza anterior del mismo caso, lo que les ha llevado a una especie de laberinto judicial del que, al menos por ahora, salen ilesos.
Esta absolución contrasta fuertemente con las condenas impuestas a otros antiguos funcionarios implicados en el mismo entramado. El juez ha condenado a tres años y medio de prisión al ex delegado de Empleo en Sevilla, Antonio Rivas, y a tres años al exdirector general de Trabajo y Seguridad Social, Daniel Alberto Rivera. Ambos han sido hallados culpables de delitos como prevaricación, falsedad en documento oficial y malversación de caudales públicos, señalando la grave vulneración de los principios de legalidad y transparencia que sustentan cualquier administración pública.
Las decisiones de este tribunal han desatado un torrente de reacciones en la sociedad andaluza y más allá. Organizaciones sociales y políticas advierten sobre la percepción de impunidad que puede generar este veredicto, especialmente en un contexto donde la ciudadanía demanda justicia y una mayor responsabilidad de los gobernantes. Las condenas a Rivas y Rivera, aunque significan un paso hacia la rendición de cuentas, se ven opacadas por la exoneración de figuras clave que aún permanecen en el escenario del escándalo.
Las implicaciones de esta sentencia se extienden más allá de los acusados, afectando la confianza pública en las instituciones y en la capacidad del sistema judicial para lidiar con casos de corrupción de gran envergadura. El caso de los ERE no solo ha revelado un uso indebido de fondos públicos, sino que ha puesto en la mira a un sistema administrativo que, a juicio de muchos, necesita una profunda reforma para prevenir que situaciones similares ocurran en el futuro.
A medida que las repercusiones de esta sentencia se despliegan, queda claro que el camino hacia la justicia en Andalucía es todavía largo y sinuoso, atravesado por el eco de los escándalos pasados que aún resuenan en la memoria colectiva de la comunidad.
La reciente sentencia de la Audiencia que absuelve a figuras clave involucradas en el escándalo de los ERE representa no solo una decisión judicial, sino también un fenómeno que socava la confianza ciudadana en las instituciones. La declaración de “cosa juzgada” se presenta como un velo del que, a priori, puede parecer que protege a ciertos ex altos cargos, pero que en realidad devela una preocupante percepción de impunidad. La decisión del tribunal contrasta fuertemente con las condenas a otros implicados en la trama y plantea una interpelación hacia la justicia, revelando una falta de uniformidad en el tratamiento de casos que, a todas luces, comparten el mismo entramado de corrupción. Es fundamental recordar que el interés público no puede ser salvaguardado en una lógica de “salvoconductos” judiciales; todo lo contrario, la sociedad exige una rendición de cuentas que sea equitativa y transparente.
El hecho de que algunos exfuncionarios salgan a la luz a pesar del mismo contexto de corrupción que lleva años manchando la imagen de Andalucía debería llevarnos a una profunda reflexión sobre el estado de nuestra justicia y administración pública. Si bien podríamos alabar la condena reciente de otros responsables por delitos graves, el hecho de que otros sean exonerados a la sombra de un laberinto legal hace que nos cuestionemos si verdaderamente hemos hecho avances hacia una gobernanza más responsable y ética. La sociedad andaluza no solo anhela justicia en términos punitivos; clama por un cambio estructural que transforme la cultura de impunidad que parece prevalecer. La justicia no debe ser un privilegio de unos pocos, sino un derecho irrenunciable de toda la ciudadanía y un baluarte contra la corrupción que, como se ha probado, se presenta como un lastre para nuestro futuro.
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