La sanidad andaluza se encuentra en el ojo del huracán. En un movimiento que ha levantado suspicacias en los pasillos de la administración y entre la oposición, la Junta de Andalucía ha reconfigurado las competencias de la Intervención del Servicio Andaluz de Salud (SAS), limitando significativamente su capacidad de fiscalización. Esta decisión, que afecta directamente al control financiero de los contratos, se produce en un momento especialmente delicado, coincidiendo con investigaciones judiciales en curso sobre presuntas irregularidades en la contratación de emergencia durante la crisis sanitaria.
El traspaso de funciones a la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y a la Intervención General de la Junta plantea interrogantes sobre la independencia y transparencia en la gestión de los fondos públicos destinados a la sanidad. Ahora, la Consejería y la Intervención General serán quienes decidan qué documentos se remiten a los juzgados, lo que podría suponer una merma en la exhaustividad de las investigaciones y generar dudas sobre la imparcialidad del proceso. La magnitud del presupuesto en juego, que este año roza los 15.000 millones de euros, subraya la importancia de una fiscalización rigurosa y transparente.
La sombra de las investigaciones judiciales planea sobre la decisión. Las pesquisas sobre las contrataciones de emergencia, realizadas a raíz de la pandemia, han destapado una serie de irregularidades que han puesto en tela de juicio la gestión de los recursos sanitarios. La modificación de las competencias de la Intervención del SAS, lejos de aportar claridad, podría entorpecer el proceso de investigación y generar opacidad en la gestión de los fondos públicos.
La remodelación interna de la Intervención General, con ceses de altos cargos y enfrentamientos por la documentación judicial, añade más leña al fuego. La ley de 2023, que teóricamente refuerza la independencia de los interventores, parece diluirse ante la realidad de los hechos. La ciudadanía andaluza se enfrenta a un escenario incierto, donde la transparencia y el control de los fondos sanitarios se ven comprometidos por una decisión que, a juicio de muchos, podría socavar la confianza en las instituciones. El futuro de la sanidad andaluza y la correcta rendición de cuentas están en juego.
La reconfiguración de las competencias de la Intervención del SAS, en el contexto actual de investigaciones judiciales, huele, desgraciadamente, a maniobra para diluir responsabilidades. **No se puede calificar de otra forma que no sea un grave error, quizás incluso un acto de irresponsabilidad política, el debilitamiento del control financiero justo cuando más transparencia se exige.** Presentar esto como una mera reestructuración técnica es un insulto a la inteligencia de los ciudadanos. Se menoscaba la imprescindible labor de fiscalización y, lo que es peor, se alimenta la desconfianza en una administración pública ya de por sí asediada por la sospecha. Urge revertir esta decisión o, al menos, ofrecer explicaciones convincentes que justifiquen este movimiento, algo que, a día de hoy, se antoja prácticamente imposible.
El problema de fondo reside en la percepción de que la Junta de Andalucía, en lugar de facilitar la investigación y depurar responsabilidades, parece más interesada en blindarse ante las posibles consecuencias derivadas de las irregularidades detectadas. **La transferencia de poder decisorio sobre la documentación judicial a la Consejería de Economía y la Intervención General, en la práctica, abre la puerta a una selección interesada de la información que llega a los juzgados.** La ciudadanía tiene derecho a conocer la verdad, toda la verdad, y no una versión edulcorada o convenientemente filtrada. La sombra de la opacidad se cierne sobre la sanidad andaluza, y la única forma de disiparla es con una transparencia radical y una colaboración sin fisuras con la justicia. De lo contrario, la credibilidad del sistema sanitario, y por ende de la administración autonómica, quedará irreparablemente dañada.
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