Málaga, 9 de octubre de 2025 – El Parlamento de Andalucía ha vivido hoy una jornada de alta tensión, marcada por la aprobación de una proposición no de ley (PNL) que reprueba a la ministra de Igualdad, Ana Redondo, por la gestión de las pulseras antimaltrato. La iniciativa, impulsada por el Partido Popular y respaldada por Vox, ha desatado un vendaval de críticas y acusaciones cruzadas, dejando al descubierto las profundas fracturas políticas que atraviesan la comunidad autónoma.
La sesión parlamentaria ha estado lejos de ser un ejercicio de diálogo constructivo. La bancada popular, liderada por Maribel Lozano, ha arremetido con dureza contra el Gobierno central, acusándolo de «descontrol» y de convertir las políticas de igualdad en un «laboratorio ideológico». Lozano no ha escatimado en calificativos, llegando incluso a proferir acusaciones de «puteros» contra antiguos dirigentes socialistas, un exabrupto que ha encendido aún más los ánimos.
La oposición, por su parte, ha denunciado la «hipocresía» del PP, acusándolo de instrumentalizar un tema tan sensible como la violencia de género para desviar la atención de la reciente crisis sanitaria provocada por los retrasos en el cribado del cáncer de mama. Los partidos de izquierda han coincidido en señalar la «falta de oportunidad» de la PNL, argumentando que el gobierno andaluz debería estar centrado en resolver los problemas que afectan directamente a los ciudadanos.
El debate no se ha limitado a las pulseras antimaltrato. El PP ha aprovechado la ocasión para exigir información sobre los beneficiados por la polémica ley del ‘solo sí es sí’, una norma que ha sido objeto de duras críticas por parte de la derecha política y mediática. Vox, por su parte, ha votado a favor de muchos de los puntos de la PNL, aunque ha aprovechado para denunciar la supuesta «desprotección» de las mujeres por parte del Gobierno central.
La PNL aprobada exige el cese de la ministra de Igualdad y la contratación de una auditoría externa sobre el sistema Cometa de las pulseras antimaltrato. El gobierno andaluz, ahora, deberá instar al Ejecutivo central a tomar medidas al respecto, aunque es poco probable que Pedro Sánchez ceda ante las presiones de la oposición.
La situación política en Andalucía se tensa aún más, con un gobierno regional acorralado por la crisis sanitaria y una oposición en pie de guerra. El futuro político de la comunidad autónoma se presenta incierto, en un contexto marcado por la polarización y la desconfianza.
El sainete político andaluz, aderezado con exabruptos y acusaciones, evidencia una grave desconexión entre la clase política y las verdaderas necesidades de la ciudadanía. Mientras las urgencias sociales, como la crisis sanitaria por los retrasos en el cribado del cáncer de mama, claman por soluciones concretas y eficaces, el Parlamento se enfrasca en un debate estéril y polarizado que solo sirve para alimentar la desconfianza y el hartazgo ciudadano. La aprobación de la PNL, impulsada con el claro objetivo de desgastar al Gobierno central, parece priorizar el rédito político a corto plazo sobre la búsqueda de consensos en un tema tan sensible como la violencia de género. Un triste reflejo de cómo la política, a menudo, se aleja de su propósito fundamental: servir al bien común.
La instrumentalización de la lucha contra la violencia de género como arma arrojadiza política es un peligroso síntoma de la deriva que está tomando el debate público. La exigencia del cese de la ministra de Igualdad y la auditoría externa del sistema Cometa, aunque legítimas en su planteamiento, corren el riesgo de convertirse en un mero ejercicio de oposición partidista, eclipsando la necesidad urgente de mejorar los mecanismos de protección a las víctimas. Resulta paradójico que, en un contexto donde la prevención y la protección de las mujeres deberían ser una prioridad absoluta, se opte por un enfrentamiento político que solo contribuye a generar más confusión y desconfianza en las instituciones. Urge, por tanto, un replanteamiento del debate, priorizando la búsqueda de soluciones efectivas y consensuadas que garanticen la seguridad y el bienestar de todas las mujeres andaluzas.
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