La Junta de Andalucía ha dado un golpe de timón en su política de gestión patrimonial, anunciando hoy una ambiciosa operación de venta de 228 parcelas a lo largo y ancho de la comunidad. Esta iniciativa, coordinada por la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), abre un abanico de posibilidades para promotores inmobiliarios, empresarios y, en definitiva, para aquellos que buscan invertir en el futuro de la región. La convocatoria, que estará abierta hasta octubre, representa una inyección de dinamismo para la economía andaluza y un paso adelante en la facilitación del acceso a la vivienda.
La operación se divide en dos ejes principales: fomento de la vivienda y impulso a la actividad económica. En el ámbito residencial, se subastarán 113 suelos con capacidad para albergar 257 viviendas, la mayoría de renta libre. Destacan las ubicaciones en Jerez, con 103 pisos, y Córdoba, con 31, ofreciendo una oportunidad única para ampliar la oferta habitacional en estas ciudades. Además, se reservan 22 suelos para la construcción de 33 viviendas protegidas en Bonares (Huelva) y el centro histórico de Málaga, apostando por un modelo de vivienda social que responda a las necesidades de los colectivos más vulnerables. Estos suelos se adjudicarán mediante concurso, primando criterios sociales y de calidad, más allá del mero factor económico.
En cuanto al desarrollo empresarial, se ofertan 115 suelos con calificación industrial, terciaria o de equipamientos, sumando una superficie total de 222.603 metros cuadrados. Esta oferta diversificada busca atraer inversiones y generar empleo en sectores clave de la economía andaluza. Las parcelas se distribuyen por diversas provincias, destacando las 28 parcelas industriales en Huelma (Jaén) y las 50 en Alcalá la Real (Jaén), que se perfilan como polos de atracción para empresas que buscan establecerse en la región.
Además de las parcelas, la AVRA subastará 59 inmuebles entre locales, garajes y trasteros, distribuidos en diversas localidades de Andalucía. Esta oferta complementaria representa una oportunidad para pequeños inversores y particulares que buscan adquirir un espacio para desarrollar su actividad o como inversión a largo plazo. Desde locales comerciales en Almería hasta garajes en Córdoba, la variedad de inmuebles disponibles permite adaptarse a las necesidades de cada comprador.
Con un valor total estimado de 22 millones de euros, la venta de estos suelos representa una oportunidad estratégica para el desarrollo de Andalucía. La iniciativa no solo busca generar ingresos para las arcas públicas, sino que también pretende dinamizar la economía, facilitar el acceso a la vivienda y crear empleo. La apuesta por un modelo de desarrollo equilibrado, que combine la construcción de viviendas asequibles con el impulso a la actividad empresarial, se alinea con los objetivos de la Junta de Andalucía de construir un futuro más próspero y sostenible para todos los andaluces. Las convocatorias más cuantiosas, ubicadas en Alcalá la Real y Costa Ballena, sugieren una apuesta clara por el desarrollo industrial y turístico de estas zonas. El plazo de presentación de ofertas se extiende hasta octubre, dando margen a promotores e inversores para analizar las oportunidades y presentar sus propuestas.
La venta masiva de suelo público en Andalucía, presentada como una panacea para la vivienda y el desarrollo económico, despierta inevitables suspicacias. Si bien la inyección de capital y la potencial creación de empleo son innegables, es crucial analizar a fondo la letra pequeña de esta operación. **¿A quién beneficia realmente esta «oportunidad de oro»?** La experiencia nos ha demostrado que este tipo de iniciativas, sin una regulación férrea y un control exhaustivo, suelen derivar en la especulación inmobiliaria y en el desmantelamiento de un patrimonio que debería estar al servicio del interés general, no del beneficio privado. La promesa de vivienda asequible palidece ante la realidad de un mercado donde la oferta y la demanda están desequilibradas, y donde los precios, a menudo, escapan al control de las administraciones.
La clave reside en la gestión y el seguimiento de esta operación. Es fundamental que la Junta de Andalucía garantice que **los criterios sociales y de calidad, especialmente en los proyectos de vivienda protegida, no queden relegados a un segundo plano ante la presión de los intereses económicos**. La transparencia en la adjudicación de las parcelas, así como la supervisión constante de los proyectos, son esenciales para evitar que esta iniciativa se convierta en una nueva burbuja inmobiliaria que agrave aún más los problemas de acceso a la vivienda para los colectivos más vulnerables. En lugar de celebrar a bombo y platillo esta venta masiva, deberíamos exigir un debate público profundo sobre el modelo de desarrollo que queremos para Andalucía, un modelo que priorice el bienestar social y la sostenibilidad por encima de los beneficios a corto plazo.
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