La administración pública andaluza está viviendo una transformación sin precedentes. La Junta de Andalucía ha puesto en marcha el primer Concurso Abierto y Permanente de Promoción y Movilidad, una iniciativa que promete agilizar la carrera profesional de los funcionarios y, al mismo tiempo, optimizar la eficiencia de los servicios públicos. El proceso, que se ha estrenado de forma simultánea en todas las consejerías, ha generado un entusiasmo palpable, con más de 6.500 funcionarios ansiosos por ascender o cambiar de aires dentro de la administración.
La magnitud de esta primera convocatoria es asombrosa. Se han recibido más de 30.000 solicitudes para los más de 30.000 puestos diferentes ofertados. Este volumen de peticiones refleja la avidez de los funcionarios por mejorar su situación laboral y acceder a nuevas oportunidades. La peculiaridad de esta primera edición, con la posibilidad de concursar a puestos en diferentes consejerías, obligó a los participantes a priorizar sus preferencias, un ejercicio que evidencia la complejidad de la administración autonómica y la diversidad de intereses entre sus empleados.
A partir de ahora, el Concurso Abierto y Permanente se convertirá en un evento anual, con cada consejería ofertando plazas vacantes al menos tres veces al año. La promesa de una resolución en un plazo máximo de cuatro meses agilizará significativamente los procesos de movilidad, permitiendo a los funcionarios acceder de forma continua a nuevos puestos. Este nuevo modelo, además de facilitar el desarrollo profesional, contribuirá a una mayor especialización de los servicios públicos, ya que los funcionarios podrán optar a puestos que se ajusten mejor a sus habilidades e intereses.
La iniciativa tiene un objetivo claro: reducir la temporalidad en la administración pública andaluza. Tras años de esfuerzos en materia de estabilización, la Consejería responsable, liderada por el que fuera José Antonio Nieto, ha logrado reducir la tasa de temporalidad a un 8%, con la ambición de alcanzar el 5% en los próximos tres años. Para garantizar la estabilidad de las plantillas y la continuidad en la prestación de los servicios, se exige a los funcionarios permanecer un mínimo de dos años en su puesto actual para poder concursar, y otros dos años en el puesto obtenido antes de volver a participar en el proceso.
La primera oferta de puestos de necesaria cobertura, concretada el 26 de junio de 2025, incluyó 3.257 plazas vacantes y dotadas. Sin embargo, un dato llamativo es que 468 de estos puestos no recibieron ninguna solicitud. Este hecho plantea interrogantes sobre la distribución de las necesidades de personal en la administración andaluza y la adecuación de los perfiles de los funcionarios a las vacantes existentes. El Concurso Abierto y Permanente representa un cambio de paradigma en la gestión de los recursos humanos de la Junta de Andalucía. Su éxito dependerá de la capacidad de la administración para adaptarse a las nuevas dinámicas y aprovechar al máximo el talento de sus empleados. La implementación de este modelo marcará un antes y un después en la función pública andaluza, sentando las bases para una administración más ágil, eficiente y orientada al servicio al ciudadano.
Si bien la puesta en marcha del Concurso Abierto y Permanente en la función pública andaluza se vende como una revolución en la gestión de recursos humanos, la realidad, como siempre, puede ser más compleja. Celebrar la agilidad y la transparencia es prematuro cuando casi el 15% de las plazas ofertadas no despiertan interés alguno. Este dato, lejos de ser anecdótico, debería alertar sobre posibles desajustes entre la formación y experiencia de los funcionarios y las necesidades reales de la administración. ¿Estamos realmente promoviendo la especialización y el servicio al ciudadano, o simplemente incentivando una carrera frenética por escalar puestos sin una planificación estratégica que beneficie al conjunto de la administración?
La promesa de reducir la temporalidad es loable, pero **la exigencia de permanecer dos años en un puesto antes de concursar podría convertirse en un arma de doble filo**. Si bien busca garantizar la estabilidad, corre el riesgo de perpetuar la ineficiencia en aquellos casos donde el funcionario no se adecúe a las exigencias del puesto. Se necesita un seguimiento exhaustivo y evaluaciones periódicas para evitar que el sistema premie la antigüedad por encima del rendimiento, y para asegurar que esta supuesta «revolución» no termine siendo un mero trasvase de personal que no soluciona los problemas de fondo de la administración pública andaluza.
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