El Servicio Andaluz de Salud (SAS) se encuentra en el ojo del huracán tras destaparse un escándalo de proporciones épicas: fallos masivos en el cribado de cáncer de mama que podrían haber afectado hasta a 2.000 mujeres en los últimos tres años. Lo que comenzó como una leve brisa de preocupación, impulsada por las denuncias de algunas afectadas, se ha transformado en un vendaval de indignación que amenaza con llevarse por delante la credibilidad del sistema sanitario andaluz. El caso, que ya ha cruzado el umbral de los juzgados, ha puesto en alerta a la Fiscalía, a asociaciones de consumidores como FACUA y a organizaciones de pacientes como Amama, quienes preparan una ofensiva legal sin precedentes.
La denuncia presentada por el Defensor del Paciente ante la Fiscalía Superior de Andalucía ha activado todas las alarmas. La asociación considera que la inacción del SAS ha puesto en «grave riesgo» la salud de las afectadas, acusando a la Junta de Andalucía de una «acción negligente» que podría acarrear consecuencias devastadoras para las pacientes, llegando incluso a la pérdida de sus mamas. Fuentes cercanas a la Fiscalía confirman que el fiscal encargado del caso está analizando minuciosamente los hechos denunciados para determinar si existen indicios de delito y, en caso afirmativo, qué tipo penal se aplicaría. La sombra de la negligencia criminal planea sobre los despachos de la Consejería de Salud.
Mientras la Fiscalía investiga, FACUA ha puesto en marcha una plataforma para aglutinar a las afectadas y ofrecerles asesoramiento jurídico. Rubén Sánchez, secretario general de la asociación, ha calificado de «insulto a la ciudadanía» la gestión del escándalo por parte del Gobierno autonómico, denunciando una «estrategia de comunicación» errática y cambiante que ha generado confusión y desconfianza. Isabel Moya, directiva de FACUA Andalucía, ha recordado que la normativa establece un plazo máximo de 30 días para comunicar los resultados de las pruebas diagnósticas por escrito al domicilio de los pacientes, un plazo que, según la asociación, no se ha respetado en muchos casos. FACUA ya ha advertido que las afectadas tienen derecho a exigir indemnizaciones si su enfermedad se ha agravado por no haber recibido un diagnóstico a tiempo.
La Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama (Amama) ha dado un paso al frente y ha convocado a las afectadas en Sevilla para analizar la presentación de una demanda colectiva contra el SAS. La asociación ha tildado lo ocurrido de «absoluta negligencia» con posibles consecuencias penales, anunciando que llegarán «hasta las últimas consecuencias» para defender los derechos de las pacientes. Según Amama, sus teléfonos y correos electrónicos están colapsados por llamadas de mujeres «alertadas y con miedo», lo que demuestra la magnitud del problema.
El escándalo de los fallos en el cribado de cáncer de mama ha sacudido los cimientos del sistema sanitario andaluz y ha generado una profunda crisis de confianza entre la población. La gestión de la crisis por parte de la Junta de Andalucía ha sido cuestionada desde todos los frentes, y la sombra de la negligencia y la falta de transparencia planea sobre el SAS. El caso del «mamógrafo fantasma», como ya lo han bautizado algunos medios, podría marcar un antes y un después en la sanidad andaluza y obligar a una profunda revisión de los protocolos y mecanismos de control para evitar que tragedias como esta vuelvan a repetirse. El futuro de miles de mujeres andaluzas, y la credibilidad del SAS, penden de un hilo.
El escándalo del «mamógrafo fantasma» no es simplemente un error técnico, sino un síntoma alarmante de una posible desestructuración interna del Servicio Andaluz de Salud. Más allá de la búsqueda de culpables individuales, que sin duda debe producirse, es imperativo analizar si la presión asistencial y la falta de recursos humanos y materiales están comprometiendo la calidad del servicio público. La «estrategia de comunicación» errática denunciada por FACUA no es más que la punta del iceberg de una gestión opaca que, en lugar de tranquilizar a la población, ha sembrado la desconfianza y el temor. Se exige una auditoría interna exhaustiva que revele las deficiencias estructurales y un compromiso firme de la Junta de Andalucía para invertir en la prevención y el diagnóstico precoz del cáncer de mama, devolviendo la tranquilidad a miles de mujeres.
La gravedad del asunto reside en la potencial pérdida de oportunidades de tratamiento temprano para las afectadas. El tiempo, en estos casos, es un factor crucial, y la negligencia denunciada podría tener consecuencias devastadoras. Si bien es fundamental que la justicia determine si ha existido negligencia criminal, también lo es que el SAS asuma su responsabilidad y ofrezca una reparación integral a las afectadas, tanto a nivel médico como psicológico. La simple disculpa no es suficiente; se necesita un plan de acción concreto y transparente que incluya la revisión de los protocolos de cribado, la mejora de la comunicación con las pacientes y la garantía de que hechos similares no volverán a repetirse. La credibilidad del sistema sanitario andaluz está en juego, y la respuesta a esta crisis marcará el futuro de la atención oncológica en la región.
El Diario de Málaga es el periódico digital dónde podrás seguir toda la actualidad malagueña al minuto.
Compartir en...
Completa el formulario o escríbenos a [email protected] y nos pondremos en contacto contigo tan pronto como sea posible.
